• ITEI

Estado del Sistema Judicial Boliviano

Actualizado: may 2



El artículo revisará el estado del sistema judicial boliviano y presentará recomendaciones para reformarlo. La realidad inevitable es que la judicatura boliviana es extremadamente disfuncional debido a la corrupción extensa, la falta de recursos, las malas conductas frecuentes y las intervenciones ilegales del gobierno. Esto ha provocado que el público pierda su confianza en la judicatura. La conclusión evidente es que el imperio de la ley no se cumple actualmente en Bolivia. Por lo tanto, el estado boliviano debe tomar medidas urgentes basadas en las recomendaciones del ITEI para reformar el sistema judicial.


El sistema judicial boliviano es conocido por sus falacias operativas sistemáticas y conductas indebidas, así como por la ineficacia para manejar los juicios a tiempo. Hay problemas constantes con la falta de integridad y falta de respeto por el debido proceso. Además, prevalecen la corrupción, la discriminación y la negligencia de ciertos casos – como la violencia doméstica, la tortura y la violencia estatal. Asimismo, la judicatura no cuenta con fondos suficientes y carece de personal competente. La disfuncionalidad ha provocado que el poder judicial boliviano pierda credibilidad ante los ojos del público y ha causado graves errores legales que conducen a condenas erróneas regularmente. Por lo tanto, el imperio de la ley se encuentra actualmente en una decadencia evidente, lo que significa que también el desarrollo económico y social, así como la democracia y los derechos humanos, están en peligro.


Primero, se discutirán los antecedentes, incluidos los conceptos de debido proceso e imperio de la ley junto con los legados históricos de Bolivia. A continuación, se evaluará el estado del sistema judicial boliviano. Aquí, el enfoque estará en analizar la realización de los derechos al debido proceso, el uso de la detención preventiva y la efectividad de la judicatura, así como exponer la corrupción, las irregularidades y la discriminación en el sistema judicial. Finalmente, se presentarán las recomendaciones del ITEI para que el Estado Plurinacional de Bolivia reforme la judicatura.


Contexto conceptual e histórico

El debido proceso es un requisito que garantiza que una persona tenga derecho a procedimientos legales justos basados ​​en las leyes, normas y principios del sistema judicial sin una violación de estos. Por lo tanto, garantiza al acusado la realización de todos los derechos escritos en la constitución. El debido proceso esencialmente protege al individuo de las intrusiones del gobierno. Una violación del debido proceso es simplemente un acto que infringe la constitución, las leyes o los principios generales de los procedimientos legales del país. Respetar el debido proceso es crucial porque conserva la transparencia y la previsibilidad, y garantiza que las cosas se hagan de acuerdo con las leyes. El incumplimiento del debido proceso es una violación directa del imperio de la ley, que es un principio que garantiza que todos, incluidas las instituciones, las organizaciones y el propio estado, sean igualmente responsables ante la ley. El funcionamiento efectivo del imperio de la ley es crucial para el desarrollo económico y social sostenible, así como para la realización de los derechos humanos en todo el mundo. Además, su falta obstaculiza la confianza del público en que el sistema judicial es justo e imparcial.


El legado de los regímenes militares de 1964 a 1982 sigue siendo fuerte e impacta especialmente en la cultura legal y el imperio de la ley de Bolivia. Esto se debe a que, durante los gobiernos militares, la educación jurídica se estancó, las malas conductas se convirtieron en una práctica común, disidentes fueron silenciados y expulsados ​​del país, y el narcotráfico ganó influencia sobre el poder judicial. Por lo tanto, los gobiernos democráticos posteriores heredaron un sistema legal anticuado cargado de corrupción galopante, falta de supervisión judicial, poderes de veto informales e irregularidades constantes. El tiempo después de los gobiernos militares ha sido una lucha interminable para modernizar y reformar las estructuras del sistema judicial. Sin embargo, esto se ha visto obstaculizado por desafíos organizacionales profundamente arraigados.



Situación contemporánea

Bolivia tiene las leyes vigentes para garantizar procedimientos legales efectivos y justos, pero su implementación en la práctica es una historia diferente. Esto se debe en parte a las actitudes públicas que favorecen acciones punitivas estrictas contra el acusado. Los gobiernos han tratado de complacer al público utilizando más detención preventiva y violando simultáneamente el debido proceso. Lo que es más importante, la presunción básica de inocencia no se respeta regularmente. Por ejemplo, en los juicios, la defensa es a menudo responsable de demostrar su inocencia en lugar del deber de la parte acusadora de presentar pruebas contra el acusado. Esto da como resultado que muchos sean condenados en casos inciertos sin mucha evidencia. Negar la presunción de inocencia es una violación atroz – aunque lamentablemente muy común – de los derechos humanos en Bolivia.


La corrupción y las malas conductas son problemas generalizados en el sistema judicial boliviano. Por ejemplo, en 2015, el Procurador General declaró que más del 20% de los fiscales del país eran culpables de corrupción u otras irregularidades – lo que provocó el despido de 67 y la sanción de 41 fiscales. Asimismo, en 2016, 60 fiscales fueron despedidos por corrupción y 200 fueron investigados por otras conductas indebidas. Además, la judicatura boliviana está altamente politizada por Evo Morales y su idea de introducir elecciones para la selección de jueces. Si bien Morales afirmó revitalizar la confianza de las personas en el sistema judicial, la realidad ha sido una toma del poder judicial por parte de los Evo-leales. Los candidatos a jueces fueron especialmente elegidos por la Asamblea Plurinacional, donde el MAS tiene la mayoría de 2/3. Por lo tanto, la nueva judicatura "elegida" claramente no es independiente, sino que está bajo el control directo de Evo. Esto significa que es esencialmente un arma política que el gobierno puede utilizar contra la oposición. De hecho, Morales ha explotado esta situación varias veces – persiguiendo arbitrariamente a sus oponentes políticos – para solidificar su poder.


La impunidad de las violaciones de los derechos humanos, la tortura y la violencia estatal es una regla más que una excepción. Prácticamente ninguno de los culpables de los crímenes cometidos durante los gobiernos militares han sido llevados ante la justicia. Esto a pesar de la formación por parte del gobierno de la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de 1964-82. Sin embargo, a la comisión no se le han otorgado suficientes recursos financieros y no puede trabajar de manera independiente. Incluso recientemente, el ITEI no tiene conocimiento de un solo caso de tortura que haya sido investigado y procesado con éxito. Por ejemplo, incluso en el caso de Juan Bascopé – en el que la tortura fue probada con credibilidad por evidencia forense recopilada por expertos internacionales y nacionales – el estado no tomó ninguna medida. El proceso de enjuiciamiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades estatales se complica por la red de crimen organizado de los funcionarios estatales – que protege a los miembros de las fuerzas armadas, la policía, el personal penitenciario y otros, según la manera de uno para todos, todos para uno. La impunidad es simplemente una violación grave porque coloca al estado por encima de la ley. Esto le da al estado boliviano poderes no regulados, comparables al infame Leviatán de Hobbes.


Una forma de poder abusivo es el uso excesivo y frecuente de la detención preventiva por parte de la judicatura. Se utiliza como el estándar de práctica debido al enfoque punitivo del estado y la falta de asistencia satisfactoria para los acusados ​​porque al bajo número de abogados defensores. Además, las fianzas a menudo son tan altas que los acusados ​​no tienen otra opción que la detención preventiva. El uso de la detención preventiva por sí solo ya puede considerarse una forma de tortura psicológica. Además, la tortura y otras formas de maltrato son tácticas comunes utilizadas durante la detención preventiva: más de la mitad de los casos de tortura atendidos por el ITEI se han cometido en las cárceles. Por las duras condiciones de detención y la utilización de la tortura, las autoridades intentan obligar a los detenidos a confesar o hacer tratos con los fiscales. Esto viola severamente los principios del debido proceso: la presunción de inocencia y el derecho a permanecer en silencio. El uso de la detención preventiva es exagerado: Bolivia tiene una de las mayores cantidades de prisioneros de detención preventiva del mundo (70%).


Otro problema grave es el retraso recurrente de los juicios en la corte que lleva a muchos a pasar más tiempo en las cárceles de lo que lo harían si fueran condenados por sus delitos. De hecho, un gran porcentaje de los clientes del ITEI ha experimentado largas demoras en los juicios. El tiempo máximo de detención preventiva es de 18 meses – si no hay cargos formales – y de 36 meses para todos los casos. Sin embargo, estos tiempos se superan regularmente. El ITEI ha denunciado muchos casos en los que la detención preventiva se ha prolongado durante más de tres años. Los largos retrasos se derivan de la ineficiencia del sistema judicial: gran cantidad de casos, falta de abogados defensores, intervenciones gubernamentales, corrupción y problemas administrativos. En promedio, los juicios demoran de 2 a 3 años en Bolivia. Los largos retrasos violan severamente los derechos de los acusados ​​para juicios rápidos.


Las malas actuaciones de los abogados en los juicios son muy comunes. Estas han causado condenas a muchas personas inocentes – debido a que los acusados ​​no están adecuadamente informados sobre sus derechos y cómo progresan los procesos legales. Además, muchos no tienen dinero para pagar los juicios. Por lo tanto, muchos aceptan acuerdos poco fiables ofrecidos por los abogados y/o confiesan crímenes que nunca cometieron. Las investigaciones estiman que la mitad de los menores acusados ​​podrían haber evitado el encarcelamiento eligiendo una forma alternativa de pena si hubieran estado mejor representados. Sin embargo, debido a la mala representación junto con las malas conductas y los engaños de los abogados y funcionarios judiciales, numerosos acusados ​​terminan innecesariamente en las cárceles. Los números son muy similares para los otros grupos de acusados ​​también. Significa que hay muchas personas que cumplen condenas de prisión que deberían haber evitado el encarcelamiento si los abogados llevaran a cabo su trabajo correctamente y respetaran el debido proceso.


Como ya hemos visto, los derechos al debido proceso se violan reiteradamente a pesar de las leyes que garantizan juicios gratuitos y justos a tiempo. De hecho, la constitución boliviana incluye varias garantías relacionadas con el debido proceso, como la presunción de inocencia, ser informado de los cargos con precisión y rapidez, tener un abogado defensor gratis y recibir las circunstancias apropiadas para preparar una defensa. Sin embargo, estos son violados habitualmente debido a la corrupción, la discriminación, la disfuncionalidad y las intervenciones ejecutivas. Efectivamente, durante nuestro trabajo para ayudar a las víctimas de tortura y violencia estatal, el ITEI ha documentado la negación generalizada de los derechos al debido proceso en Bolivia. Estas violaciones tienen graves consecuencias para la víctima, como depresión, trastornos de estrés postraumático (TEPT), agravios y fatiga emocional. El debido proceso es violado por largas demoras, extensiones a detenciones previas al juicio, entradas forzadas en propiedades privadas sin órdenes de allanamiento y amenazas contra abogados defensores. Además, en términos de la población indígena y sus derechos, el estado garantiza servicios adecuados de traducción e interpretación. Sin embargo, estás también son frecuentemente ignoradas. Considerándolo todo, la violencia estructural en la forma de descuidar los derechos del debido proceso de los acusados ​​es un problema generalizado en la judicatura boliviana.


Si bien las malas conductas e ineficiencias judiciales afectan a toda la sociedad, las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas se ven afectados de manera aún más desproporcionada debido a los niveles adicionales de discriminación. Por ejemplo, las mujeres enfrentan una discriminación generalizada y muy clara en el sistema judicial. Es particularmente evidente en el caso de los delitos de violencia de género: 2/3 de los casos se desestiman por completo y solo el 1% conduce a condenas. El poder judicial boliviano es completamente patriarcal, ya que está predispuesto contra las mujeres y favorece a los hombres. En segundo lugar, los menores se ven gravemente afectados por las malas conductas judiciales porque el 50% de los menores encarcelados deberían haber recibido sanciones alternativas si los juicios se procesaran adecuadamente. Es perjudicial para la vida futura de los menores y las posibilidades de reintegración porque las cárceles bolivianas no ofrecen un tratamiento adecuado para menores ni programas de rehabilitación. Además, los pueblos indígenas y sus derechos lingüísticos son reprimidos regularmente, a pesar de que la Ley 269 obliga al estado a proporcionar servicios de intérpretes y traducción gratuita en los procedimientos judiciales. La negligencia hace que muchos inocentes terminen en prisión como resultado de malentendidos lingüísticos. En conjunto, parece que la judicatura boliviana es más eficiente en la discriminación de los más vulnerables.



La judicatura mala tiene varios efectos perjudiciales en la sociedad boliviana. Las más obvias son las deserciones totales del debido proceso y los derechos humanos en Bolivia. En segundo lugar, las malas conductas judiciales destruyen la vida de numerosas personas porque los inocentes y los delincuentes menores son condenados a las cárceles. Esto es perjudicial porque el encarcelamiento aumenta fuertemente los riesgos de desarrollar comportamientos violentos, elevando así los niveles de violencia en toda la sociedad. Aún más adversamente, la reincidencia es mucho más probable para los ex prisioneros que para las personas que recibieron penas alternativas. Según el Ministerio de Justicia, las tasas de reincidencia son del 23% para los ex-presos y solo del 1,5% para las formas alternativas. Además, el estado disminuido del imperio de la ley significa altos costos para la sociedad en términos de desarrollo económico y social. Además, el público carece severamente de confianza en la judicatura y su imparcialidad, así como su eficiencia y capacidad para procesar casos de manera apropiada y puntual. Esto hace que las personas utilicen medidas informales para lograr la "justicia". Por lo tanto, se puede resumir que una cantidad incontable de vidas son aplastadas y el desarrollo de toda la sociedad se ve obstaculizado por la ineficiencia y las malas conductas de la judicatura.


Recomendaciones del ITEI

El ITEI está muy preocupado por el estado actual del sistema judicial boliviano. Creemos que la reforma de la judicatura es crucial, no solo para la realización de los derechos humanos, sino también para todo el desarrollo de Bolivia. El ITEI identifica como los problemas principales del sistema judicial los siguientes: (i) la falta de independencia y financiamiento de la judicatura; (ii) demoras procesales; (iii) el uso arbitrario y excesivo de detenciones preventivas; (iv) condena de personas inocentes; (v) violaciones del debido proceso; (vi) corrupción y malas conductas de los funcionarios judiciales; (vii) discriminación contra mujeres, indígenas y menores; y (viii) impunidad de los actores estatales en casos de tortura y violencia estatal. En general, es fácil concluir que el sistema judicial boliviano es extremadamente disfuncional.


Para abordar los defectos antes mencionados y ganar integridad, credibilidad y confianza a los ojos del público, el ITEI propone las siguientes recomendaciones para el Estado Plurinacional de Bolivia:


1. Materializar la independencia del órgano judicial y asignar los recursos suficientes al sector de justicia, para que opere de manera efectiva y expedita;


2. Proporcionar recursos suficientes y garantizar la independencia de los organismos y organizaciones (como la Comisión de la Verdad) que investigan las violaciones de los derechos humanos;


3. Reducir el uso de la detención preventiva y reconsiderar así el carácter justificado y excepcional de dicha medida cautelares;


4. Adoptar urgentemente medidas legislativas, judiciales y administrativas para sustituir las detenciones preventivas por medidas alternativas, como arrestos domiciliarios, monitoreos electrónicos y libertad asistida;


5. Proporcionar reparaciones y rehabilitación a las personas condenadas a pesar de ser inocentes;


6. Crear un postgrado obligatorio para todos los jueces y abogados públicos en relación con respecto al derecho al debido proceso;


7. Mejorar la efectividad del enjuiciamiento y de la sanción en delitos de corrupción;


8. Eliminar la discriminación de los grupos vulnerables por motivos de género, orientación sexual, edad, raza, etnia, clase económica o cualquier otro factor;


9. Establecer un mecanismo independiente a nivel estructural y financiero, y técnicamente competente para investigar alegaciones de tortura ― cometida por funcionarios públicos ― y otras violaciones a los derechos humanos de manera rápida, imparcial, independiente y de acuerdo con los estándares del Protocolo de Estambul.


15 de octubre 2019

Valtteri Nurminen, ITEI Voluntario

Edificio V Centenario #2006 Piso 1 Of. A. Tel: 591 2 - 2154094

info@itei.org.bo

La Paz - Bolivia

  • ITEI YouTube
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 Orgullosamente desarrollado por GUARDVANT S.R.L.