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CARTA PÚBLICA

Actualizado: may 2



CARTA PÚBLICA

La Paz, 30 de marzo de 2020


Señora

JEANINE AÑEZ

EXCELENTISIMA SRA. PRESIDENTA INTERINA

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente.


REF: Situación de personas privadas de libertad frente al COVID-19



De nuestra consideración:


Frente al peligro de que se disemine la epidemia mortal del COVID-19 en los centros penitenciarios del país, consideramos que su gobierno debe asumir medidas drásticas con tal de salvaguardar a esta población vulnerable. Por este motivo, le hacemos una serie de propuestas:


1. Ampliar la insuficiente atención médica, brindar las condiciones de infraestructura adecuada y equipamiento en las cárceles para la prevención y atención del COVID 19.

2. Libertad para las personas privadas de libertad que estén más de 6 meses en detención preventiva.

3. Libertad para las víctimas de la represión política, detenidas sin pruebas desde noviembre de 2019.

4. Determinar medidas sustitutivas para las madres detenidas separadas de sus hijos e hijas.

5. Libertad para las personas de la Tercer Edad.


Tales propuestas están sustentadas en la experiencia de trabajo del ITEI dentro de las cárceles de La Paz y Cochabamba desde 2008 hasta la fecha. Durante ese tiempo, se ha asistido a las personas privadas de libertad con servicios como la atención psicológica, médica, la documentación de casos de tortura y la formación a través de talleres diversos (también destinados al personal administrativo y de seguridad penitenciaria).


El hacinamiento y las condiciones higiénicas de los penales hacen de las personas privadas de libertad una población extremadamente vulnerable. Proponemos un conjunto de medidas que se deberían tomar al respecto:


- Ampliar la insuficiente atención médica y capacitar a este personal para que sea capaz de detectar y tratar la enfermedad en caso de aparecer dentro de alguna de las cárceles.

- Dictaminar estándares mínimos de limpieza para espacios de uso común, como ser los baños, las cocinas y las celdas de uso colectivo.

- Equipar tanto a las personas privadas de libertad como al personal que trabaja para su cuidado con los insumos necesarios para mantener la higiene personal y evitar el contagio, como ser: jabón suficiente, alcohol en gel, desinfectantes y barbijos.

- Informar adecuadamente a las personas privadas de libertad sobre la naturaleza del COVID-19 y los métodos de prevenir el contagio.

- Tratar de limitar (en la medida de lo posible) el contacto entre los reclusos.

- Nombrar a personas responsables de realizar un control riguroso de todos los materiales, alimentos y personas que ingresen en los recintos penitenciarios.


El segundo tema de esta carta concierne la necesidad de descongestionar las cárceles. Durante los últimos años, hemos sido testigos del alarmante deterioro del aparato judicial. Tanto policías como abogados, jueces y fiscales han dado diversas muestras de incompetencia, como ser: falta de respeto a la presunción de inocencia, el uso sistemático de la detención preventiva (en base a suposiciones y no a indicios), el uso de métodos coercitivos ―a través de la policía― para obtener confesiones, la retardación de la justicia, etc. La deliberada falta de respeto al debido proceso ha repercutido en la vivencia de diferentes situaciones traumáticas, como ser:


- La separación de madres y padres de sus niños.

- La pérdida del trabajo y la consecuente desestabilización económica.

- La estigmatización social de la persona acusada (una muerte civil).


La falta de respeto al debido proceso ha repercutido en la destrucción (psicológica) de muchas vidas e incluso de familias enteras. Dicho fenómeno se agrava por el hecho de que no se ha probado la culpabilidad de muchos de esos detenidos. Al respecto, vale la pena recordar (y aplicar) lo dicho por el jurista inglés William Blackstone: “Es mejor que diez personas culpables escapen a que una persona inocente sufra”.


Por estos motivos, el ITEI siempre ha insistido en la liberación de personas sometidas a una arbitraria detención preventiva, en especial si esta detención ha superado el límite de 6 meses. Ante la amenaza de contagio del Covid 19, es una urgencia de máxima prioridad. Al respecto, mencionamos algunos de los casos más alarmantes a los que el ITEI hace seguimiento.


Carlos Hur está detenido preventivamente desde enero de 2013 por el caso de las “Barcazas chinas”. Se modificaron las medidas cautelares con tal de que tenga detención domiciliaria, pero al poco tiempo le hicieron retornar a la cárcel (lo que él considera como un método deliberado de tortura). Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna evidencia concreta en su contra.


Juan Bascopé Cari fue detenido y torturado a raíz del enfrentamiento entre policías y cocaleros en Apolo el año 2013. Bascopé es acusado de la muerte de 4 miembros de la FTC. De todos los acusados, es el único que se encuentra detenido. Desde que lo detuvieron en julio de 2014, no se ha presentado una sola evidencia que lo implique en el crimen. A consecuencia de las torturas sufridas, su salud sigue empeorando (necesita de operaciones y un tratamiento especializado).

Marco Antonio Aramayo, detenido en marzo de 2015, denunció las irregularidades del Fondo Indígena mientras él era su presidente. En consecuencia, es él quien es detenido y castigado por el gobierno de Evo Morales, siendo sometido a 256 procesos (por un mismo hecho). Sometido a numerosos viajes ―esposado, privado de alimentos― que han agravado su salud (padece de hipertensión). Aún no se lo ha encontrado culpable en ninguno de los 256 procesos.


El fraude electoral llevado a cabo en octubre de 2019 desencadenó un sinfín de conflictos violentos y detenciones. Muchas personas fueron detenidas por motivos políticos y acusadas de delitos de terrorismo, sedición, etc. sin pruebas. Igualmente siguen detenidos, sin pruebas, vocales de la CSE acusados de haber participado en el fraude electoral. La mayoría de los detenidos por los conflictos están en detención domiciliaria, pero no todos. El enfermero Ayben Huaraca Murillo, por ejemplo, permanece detenido en el penal de San Pedro desde el 19 de noviembre. Solicitamos que estas personas sean beneficiadas con el principio de presunción de inocencia, juicio justo y que se les permita defenderse en libertad.


Por su parte, el caso de las madres detenidas y separadas de sus hijos es otro punto vulnerable que usted, como madre, de seguro comprenderá. En caso de que la separación de la madre perjudique el desarrollo de los hijos, debería predominar siempre el bienestar de los infantes. Tal medida, incluida en las Reglas de Bangkok, ha sido pasada por alto en el caso de Carolina, ex esposa de Juan Franz Pari (acusado del desfalco del Banco Unión). Hasta hoy, su hijo de 8 años se encuentra traumado por la brusca separación de su madre. Según un concepto investigativo primitivo, cuando hay un acto delictivo cometido por un miembro de una familia, se supone culpable a toda la familia. Siguiendo este concepto, se ha detenido a todos los familiares de Pari: su padre, su madre, su hermano, su pareja actual e incluso su ex esposa.


En lo que respecta a las personas de la tercera edad, la libertad es la mejor solución, de modo que puedan estar al cuidado de sus familias. No se debe pasar por alto que, junto con las personas enfermas, las personas de la tercera edad son la población más vulnerable al Corona Virus.


Estos argumentos tienen el peso suficiente como para que el gobierno asuma acciones urgentes, ya que, en el caso de diseminarse el COVID 19 en las cárceles, supondría consecuencias fatales en la población de las personas privadas de libertad. Consideramos que es su responsabilidad, en tanto máxima autoridad del Estado, el salvaguardar el bienestar y la salud de todos los/as bolivianos/as. Por ello, es absolutamente necesario que se modifiquen las medidas sanitarias en todas las cárceles de Bolivia (con tal de prevenir y ―de ser necesario― tratar el COVID 19) y que se implemente la liberación de los grupos a los que aludimos con anterioridad.


Al respecto de la actual situación de riesgo de las personas privadas de libertad, adjuntamos la Declaracion de Edimburgo de la Asociación Medica Mundial sobre las condiciones carcelarias y la propagación de la tuberculosis y de otras enfermedades contagiosas (Octubre 2000) (Anexo I) y del Subcomité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, el texto original es en inglés, ITEI hizo la traducción (Anexo II).


En espera que nuestra solicitud sea escuchada, reciba Sra. Presidenta, mis saludos respetuosos.


Mgtr. Emma Bolshia Bravo Cladera

DIRECTORA EJECUTIVA




Anexos:

ANEXO 1

ANEXO 2




Cc:

- Ministro de Salud, Aníbal Cruz,

- Ministro de Justicia, Álvaro Coímbra,

- Ministro de Gobierno, Arturo Murillo

- Director del Régimen Penitenciario. Coronel José García




Lea más sobre el tema:

- La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19

- ITEI pide liberar a presos con detención preventiva y a reos de la tercera edad

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