Entradas correspondientes a la etiqueta 'tortura'

ago 30

Entrevista a Carlos Martín Beristain

Entrevista a Carlos Martín Beristain, posterior a la conferencia pública “Cómo enfrentar la impunidad de violaciones de Derechos Humanos”, en Claro Oscuro con Ángel Careaga.

Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para ver los vídeos de la distintas actividades que realizamos.
(¡Activa la campanita!) 😉

https://www.youtube.com/watch?v=3p1LFhHcIIo

sep 08

Llegaron expertos en peritajes médicos y psicológicos a personas torturadas

08 de Septiembre de 2016

Dos expertos en el protocolo de Estambul llegaron a Bolivia para realizar peritajes médicos y psicológicos a personas que han sufrido tortura en los últimos años y constatar la situación de estos casos en el país.

Se trata de Ana Deutsch y Máximo Alberto Duque Piedrahíta, psicóloga y médico cirujano, respectivamente.

Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.

La visita de los especialistas ocurre dentro de las actividades conmemorativas por los 15 años de vida del ITEI (Instituto de Investigación contra la Tortura) y gracias a la colaboración del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) con sede en Dinamarca.

Ambos expertos también ofrecieron un seminario sobre la “Importancia del Protocolo de Estambul en la documentación de casos de tortura a nivel Médico y Psicológico”, que se realizará el miércoles 7 de septiembre (de 09.30 a 13.00) en el auditorio “Ernesto Che Guevara” de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.

PERFILES

Ana Deutsch, es psicóloga cofundadora del Programa para Víctimas de Tortura (PVT) en Los Ángeles y directora de su clínica desde su fundación. Cuenta con amplia experiencia en la atención a víctimas de tortura exiliadas en EEUU, así como en la presentación de testimonios en casos de asilo político.

Ha realizado peritajes psicológicos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Máximo Alberto Duque Piedrahíta es médico cirujano egresado del Instituto de Ciencias de la Salud CES de Medellín. Especialista en Medicina Forense de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Escuela Superior de Guerra. Perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. (ANF)

Fuente El Diario: https://goo.gl/Dtwpmm

may 01

Tortura y malos tratos, segunda vulneración de derechos más denunciada en Bolivia

01 de Mayo de 2016

La Defensoría del Pueblo señala en su informe anual que la tortura y los malos tratos conforman la segunda vulneración más denunciada en Bolivia, que tiene que ver con el derecho a la integridad personal.

“El segundo derecho más demandado se refiere a la integridad personal que en 2015 se registró en 2.165 oportunidades, lo que implica un 13% de las veces. Este derecho tiene que ver con los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas, humillantes o degradantes”, señala el informe de la Defensoría.

Durante la gestión 2015 la entidad recibió 16.601 casos en los que se denunciaba la vulneración de derechos. En algunos casos, una denuncia incluía más de un derecho, por lo que la cantidad es superior al número de denuncias recibidas, aclara.

En la gestión pasada se registraron 51 derechos afectados, según el clasificador aprobado por la Defensoría del Pueblo, que tiene como base la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El derecho más denunciado tiene que ver con las garantías del debido proceso y acceso a la justicia que reporta 2.827 casos (17% del total), y que involucra el derecho a la igualdad en el proceso, el acceso a la jurisdicción, a un tribunal imparcial, al plazo razonable, a la presunción de inocencia, a la defensa, al recurso, a la prohibición de declarar en contra de sí mismo, a la publicidad del proceso, al derecho de las víctimas, y a los bienes jurídicos protegidos en la acción de libertad.

El órgano judicial y la Policía fueron las instituciones más denunciadas en 2015.

Casos

El 5 de Junio de 2015, El Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura (ITEI) denunció que en el caso de la fuga del empresario peruano Martín Belaunde la Policía utilizó tortura sicológica para “quebrar” a los involucrados y obtener “confesiones”.

El 12 de Septiembre del mismo año, una mujer embarazada de Cochabamba denunció que fue víctima de robo y tortura por policías en una celda. Son algunos de los casos citados por el informe Defensorial.

Recomendaciones

no cumplidas

En 2013, el Comité contra la Tortura (CAT) recomendó al Estado Boliviano incorporar a la legislación penal una definición de tortura que abarcara todos los elementos que figuraban en el artículo 1 de la Convención. En 2014, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la Asamblea Legislativa aún no había modificado la definición de tortura en el Código Penal, que no era conforme a los estándares internacionales, tanto en lo que se refería a los elementos del delito como a su sanción.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que se había creado el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), que ejercería de mecanismo nacional de prevención; sin embargo, la Alta Comisionada expresó preocupación por que su independencia se viera afectada por su dependencia respecto del Ministerio de Justicia y porque no se hubieran definido su mandato y facultades por ley.

El CAT expresó su preocupación por las demoras en la instrucción y el examen de la causa penal en los casos de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza y muertes en detención policial.

Instó a Bolivia a investigar de manera pronta e imparcial todas las denuncias de tortura y malos tratos y a velar por que los actos de tortura no quedaran sujetos a ningún régimen de prescripción.

El CERD (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial) expresó su preocupación por la devolución arbitraria de refugiados. El CAT instó a Bolivia a garantizar que ninguna persona pudiera ser expulsada cuando existieran razones fundadas para creer que correría el riesgo de ser sometida a tortura, y a velar por que la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) hiciera cumplir el principio de no devolución.

Impunidad

Un factor importante en este tema tiene que ver con la impunidad evidenciada en la gran mayoría de los casos de muertes, torturas y malos tratos, señala la Defensoría, que han sido denunciados recientemente.

Fuente El Diario: https://goo.gl/3etzdw

ago 23

ITEI denuncia que en Bolivia hay una política de negación de la tortura

23 de agosto de 2015

‘Existe una conducta en las autoridades de gobierno y del órgano judicial de invisibilizar la tortura y decir que solo ocurre en las dictaduras’, señala.

El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) sostiene en su informe ?Tortura en Bolivia? que en el país no existe una estrategia de lucha contra este flagelo, y que por el contrario hay una política de negación de este ilícito, pese a que el Estado se comprometió a combatirlo con la ratificación de tratados internacionales. Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.

En el país, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado refiere que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes y la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Sin embargo “existe una conducta en las autoridades de gobierno y del órgano judicial de invisibilizar la tortura y decir que solo ocurre en las dictaduras”. Los casos de tortura en los últimos años han venido en aumento. El reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100% de 2013 a 2014. Casos emblemáticos de tortura se conocieron en esta gestión como el de Juan Bascopé a manos de la policía y en presencia del fiscal Gregorio Blanco y funcionarios del ministerio de Gobierno, según cursa la denuncia.

Asimismo, los casos de violación a más de 17 mujeres en Apolo a manos de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en la intervención de erradicación de coca en octubre de 2013. El Ministerio de Gobierno rechaza esta versión. Prevención La Convención contra la Tortura obliga a los Estados firmantes como Bolivia a tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura”.

En consecuencia, señala el ITEI, “no es suficiente prohibir la tortura sino, crear mecanismos para prevenir y sancionar estos actos de forma efectiva garantizando el derecho de no repetición”. Ley contra la Tortura La institución, que junto a ocho organismos de derechos humanos conforman la Coalición contra la Tortura, demanda que se apruebe la Ley contra la Tortura para que permita sancionar el delito de acuerdo a su gravedad; establecer la imprescriptibilidad de la tortura; establecer un mecanismo de control del estado de salud antes, después de la detención y durante el traslado de la persona privada de libertad; dar la posibilidad a médicos y psicólogos independientes para certificar hechos de tortura; y, establecer reparaciones de tipo psicológico, médico, jurídico y económico para personas afectadas por tortura.

Derecho a la Rehabilitación Bolivia al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1999, adquirió el deber de cumplir con las cinco medidas de reparación para las víctimas que son: la restitución, que es el derecho que tienen las víctimas a que se les restituya la situación en la que se encontraban antes de los hechos de tortura; la indemnización financiera; la rehabilitación integral; la satisfacción, que significa que el Estado debe “cumplir las obligaciones de investigación y procesamiento penal, la revelación pública y completa de la verdad”; y, las garantías de no repetición del delito. Este año, a nivel mundial, todas las organizaciones miembros del Consejo Internacional contra la Tortura (IRCT), en más de 70 países, decidieron enfatizar en el Derecho y el Acceso a la Rehabilitación de las víctimas, en particular en la atención psicológica por los efectos psicotraumáticos, “medida en que el Estado boliviano tiene una gran deuda con la población afectada, porque no cumple con este compromiso”.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/6wPSp5

jun 27

Organizaciones de DDHH denuncian tortura en Bolivia

BOLIVIA, 27 de Junio de 2015

Organizaciones de Derechos Humanos de Bolivia se adhirieron a la campaña internacional contra la tortura con el lema: ¡Derecho a la rehabilitación ya! Ayer 26 de junio se recuerdó el Día Internacional de la Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre la Tortura (ITEI), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y su filial de La Paz, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, el Movimiento “Mujeres libertad” y la Unión de expresos y exiliados de Bolivia expresaron sus reflexiones y preocupaciones sobre la práctica de la tortura en el país y sobre la rehabilitación como un derecho para las víctimas.

Las instituciones, mediante un pronunciamiento, señalaron que la tortura ha sido y es en Bolivia una práctica -en dictadura y periodos democráticos- que busca silenciar a las personas afectadas con el uso de amenazas, para encubrir los hechos, y donde participan autoridades judiciales, policiales, militares y de gobierno.

“La tortura en nuestro país tiene dos funciones principales: La primera, se la utiliza con fines de investigación y confesión. La Policía y la justicia no emplean métodos científicos de investigación, la tortura es un método barato y aparentemente eficaz”, indica.

En ese sentido, las instituciones concluyen que la Policía y la Justicia en el país antes de encontrar a los verdaderos culpables de un delito, lo que quieren es tener un “culpable”, es decir quien pague. “Si de hecho (la persona) es inocente, pues ‘mala suerte’. La presunción de inocencia es casi inexistente”, señalan.

La segunda función de la práctica de la tortura, según las instituciones, ocurre con fines “educativos”. Esta conducta “rige en la policía, las fuerzas armadas y en una parte de la población, la idea que para educar hay que saber dar ‘una buena lección’, una buena paliza, y en ese ámbito los métodos de tortura son bienvenidos”. Un ejemplo ilustrativo es el ocurrido a los estudiantes de la Universidad Indígena Túpac Katari, en Chúa.

Subrayan que la práctica de la tortura no es exclusividad de los gobiernos dictatoriales como lo evidencian los recientes casos ocurridos en el país, donde efectivos policiales y militares torturan a detenidos bajo la vigilante mirada de fiscales y autoridades de gobierno.

CASOS

Un caso emblemático es el ocurrido a Juan Bascopé, principal implicado en el caso Apolo, según el Ministerio Público y el gobierno, que sin embargo hasta el momento no existen pruebas fehacientes que lo incriminen.

Bascopé fue torturado en octubre de 2013 durante 20 días por policías y militares. “Me llevaron a las oficinas del Centro de Investigación del Gobierno (ubicado en Obrajes), donde ingresaron unos 25 militares quienes empezaron a golpearme; me dieron patadas en la cabeza, en la espalda, me fracturaron el tabique, pómulo y costillas. Me pusieron una bolsa negra de plástico en la cabeza y cerraron la bolsa, me asfixiaba “Me destrozaron una mano, pusieron fierros entre los dedos y apretaron”, testimonió. Pese a esta situación, que fue corroborada por un examen médico, las autoridades no iniciaron ninguna investigación.

Fuente El Diario: https://goo.gl/hssSMe

may 31

Policía usa tortura como método de investigación

BOLIVIA, 31 de Mayo de 2015

ANF.- El Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) sostuvo que la tortura sigue siendo el método de investigación más utilizado por la policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie. Emma Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades.

“Es el método de investigación más barato y esa es una de las razones por lo que a la policía no se le entrena en otros medios, más bien se le entrena en temas de amedrentamiento”, manifestó Bravo.

La activista agregó que si el nivel de investigación de la policía es más bajo hoy, “es porque nunca se hizo nada por elevarlo”.

Dijo que la policía aún mantiene en sus prácticas para sacar información, métodos como la picana eléctrica, golpes en partes sensibles, la asfixia (bolsa en la cabeza), amenazas, tortura sicológica, entre otros.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, indicó que las escuelas militares, policiales y los centros penitenciarios son los sectores de mayor vulnerabilidad y donde se cometen este tipo de tratos. Que son denunciados por familiares de militares.

Bolivia ratificó en 2005 la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas, e incorpora esa figura penal en su normativa, sin embargo los casos denunciados van en aumento, de acuerdo al informe presentado por la Defensoría del Pueblo en la gestión anterior.

La Defensoría del Pueblo señala que recibió y procesó entre enero y octubre de 2013 un total de 1.119 casos, 56 por ciento más respecto a gestiones anteriores.

Según la Convención, tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión (…) infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas.

CASOS

La reciente denuncia de tortura abordada por el ITEI es el ocurrido a los detenidos por el caso Apolo. Juan Bascopé, uno de los sindicados por el ministerio Público de causar la muerte de dos uniformados y un médico en el allanamiento a la comunidad de Miraflores, “fue cruelmente torturado por la policía en presencia y con autorización del fiscal y funcionarios del Ministerio de Gobierno”.

“El aparato de justicia conoce y obvia esta situación. En el caso de Apolo fue en presencia del fiscal. Eso cubre al policía que va a ejercer la tortura, el aparato conoce y obvia, lo de Juan Bascopé, es un caso claro donde hay denuncia de tortura ante el juez y éste juega un rol de invisibilización de la tortura porque no lo toma en cuenta en el informe final pese a que Juan le muestra en la audiencia las huellas de su estado físico”.

Juan Bascopé fue golpeado en la cabeza y las costillas, su mano derecha fue prensada hasta destrozarle los nervios. “Le destrozaron una mano, pusieron fierros entre los dedos y han apretado, por eso hasta ahora no tiene fuerza en esa mano”, relató Gautier.

Bascopé además denunció que el médico del Penal de San Pedro no le brindó atención médica pese a su reiterado pedido, y le advirtió que si lo atendía no iba a registrar en su informe “ni una sola palabra” que su afectación física se debió a tortura.

Otros casos de tortura denunciados y que siguen entrampados en los juzgados son la muerte mediante tortura de David Olorio por efectivos policiales en 2010, el caso Sucre de mayo de 2008, las muertes de los subtenientes del Ejército Gróver Poma y Ceooly Espinal. Así también se conocen los casos Caranavi, Chaparina y el caso Chua, donde los estudiantes de la normal fueron torturados durante toda una noche por un instructor militar.

En el caso relacionado a la fuga de Martín Belaunde, su abogado, Jorge Valda denunció ese extremo utilizado por los efectivos policiales en su contra para que divulgue el lugar donde se encontraba el ciudadano peruano que fue capturado el jueves pasado y entregado a las autoridades de su gobierno. A la fecha el Abogado se encuentra en custodia en celdas judiciales.

IMPUNIDAD

Pese a la cantidad de casos de tortura denunciados, Gautier dijo que no se conoce quno que haya terminado en sentencia. “Es una realidad que no se la quiere visibilizar y hay la creencia de que la tortura solo existe en dictadura”, manifestó.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales dijo al respecto que “no existe en este momento un estudio empírico que nos genere datos e indicadores” sobre la situación de la tortura en el país.

El funcionario indicó que al ser un compromiso del Estado Boliviano prevenir la tortura, es que el gobierno creó el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), pero aclaró que su origen se da más para cumplir con tratados internacionales.

“No estamos creando el Sepret porque exista una tradición de tortura, o sea un problema que aqueja a la sociedad, sino más porque estamos cumpliendo con los convenios y los tratados a los que hace al Estado”, manifestó.

Fuente El Diario: https://goo.gl/zAkddQ