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may 17

ONU pide independencia en control de cárceles

f300x0-160247_160265_14917 de mayo de 2017


El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) sostuvo que es urgente que la entidad que monitorea los lugares de detención y actos de tortura en Bolivia sea independiente del Ejecutivo, para que así ejerza su trabajo conforme a las exigencias internacionales.

“Aunque reconocemos el trabajo del SEPRET (Servicio Para la Prevención de la Tortura), estamos preocupados porque su independencia se encuentra comprometida debido a su subordinación  al Ministerio de Justicia. La independencia funcional y administrativa es la disposición fundamental del tratado”, manifestó Emilio Ginés, miembro del SPT. 

Ginés se refería al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura,  que hace énfasis en la prevención para resguardar los derechos humanos.

El SEPRET se creó por ley en 2013 “como un mecanismo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.

Miembros del SPT estuvieron en Bolivia durante nueve días para visitar 23 centros de privación de libertad.  

Tras la visita se presentará un informe confidencial al Gobierno boliviano con las observaciones y recomendaciones. Ginés alentó al Ejecutivo a hacer público dicho informe. 

Por otro lado, instó a trabajar en la disminución de la detención preventiva que aún representa el 70% de la población carcelaria, lo cual tiene un impacto directo en el hacinamiento.  

“Hubo cambios en las estructuras políticas, institucionales y sociales, pero se necesita  más para traducir esos cambios a una realidad y fortalecer la prevención de la tortura”, dijo Ginés.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/nQBmK2

ene 09

Según experto Andrés Gautier: 50% de reos es inocente o tiene condenas desproporcionadas

09 de Enero de 2017

El director del Instituto de Investigación contra la Tortura (ITEI), Andrés Gautier, afirma que “la cárcel no es un lugar solo de delincuentes, también hay muchas víctimas”.

El miembro del Instituto de Investigación Contra la Tortura (ITEI), Andrés Gautier, sostuvo que tras realizar asistencias por más de ocho años en cárceles del país, puede afirmar que cerca del 50 por ciento de los detenidos preventivos es inocente o afronta condenas desproporcionadas a los delitos cometidos.

Gautier afirmó que el irrespeto a la presunción de inocencia de parte de las autoridades judiciales, que solo tienen la preocupación de mostrar resultados y efectividad a como de lugar, hace que muchas personas terminen en las cárceles.

“En las cárceles de Bolivia, (calculo) intuitivamente, que una mitad (de la población) es inocente o tiene penas desproporcionadas”, manifestó el psicólogo terapeuta, quien a la cabeza de ITEI trabaja en el país desde hace ocho años.

En ese sentido, destacó el “terrible daño” que causan las autoridades a las personas con las detenciones preventivas, donde al contrario de lo que dicta la legislación boliviana, prima el principio inquisidor de la presunción de culpabilidad, y donde por un delito investigado se detiene hasta a 10 personas que después las autoridades deben liberar al no encontrar evidencias incriminatorias.

El experto señala que “la cárcel no es un lugar de los delincuentes, hay seguro algunos, pero hay también muchas víctimas”. Opina que las autoridades causan más daño a las personas cuando las envía a las cárceles porque “en el imaginario existente en el mundo entero, la cárcel detiene a delincuentes, a culpables”, y esto daña la imagen y buen nombre de quienes resultan encarcelados.

Citó como ejemplo el caso de la muerte por presunta violación del bebé Alexander donde la Policía detiene a 10 personas que son procesadas para, finalmente, ser liberadas, “pero esas 10 personas ya están marcadas, han perdido en parte sus trabajos y sus familias atraviesan una situación económica muy difícil”.

“Uno se pregunta qué significa eso, es realmente para averiguar la verdad o para satisfacer una presión popular que está escandalizada y exige justicia, entonces para darle ilusión a la población que la Policía y la Justicia son eficaces se determina detener a 10 personas sin preocuparse lo que eso puede significar para la vida de esas personas”, reflexionó.

Remarcó que “hay también muchas víctimas de la corrupción, víctimas de la falta de rigurosidad de los investigadores, del sistema de investigación que es pésimo en Bolivia”.

Señaló que en estos casos, las autoridades tendrían que pagar daños y perjuicios de los afectados, “pero eso no ocurre porque la mayoría está ya aliviada de estar liberada y no tiene la fuerza ni la plata para exigir del Estado (un resarcimiento de daños)”.

“El Estado tendría que reconocer el error cometido por la justicia y hacer un pago por daños y perjuicios, pero eso no se cumple porque un juez o un fiscal nunca van a reconocer que metieron la pata, que se cometieron errores en la investigación, reconocer esos errores no son capaces de hacerlo”, apuntó. (ANF)

Fuente El Diario: https://goo.gl/72iu1j