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oct 01

La justicia convirtió a la tortura en un método de investigación

01 de octubre de 2017

En julio de 2014 lo torturaron entre militares y policías. Lo ahogaron, le rompieron las costillas y  le aplastaron los dedos de las manos. Le dijeron que habían violado a su esposa e hija y le obligaron a firmar documentos que él apenas veía con los ojos cerrados por los moretones.

El propósito era que Juan Bascopé se declarase culpable del asesinato de dos militares, un policía y un médico en el municipio de Apolo, en octubre de 2013, durante una operación de erradicación de coca. Similar suerte a la de Bascopé (que continúa encarcelado) tuvo Édgar Piluy, quien ya recobró su libertad.
Expertos  del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI) coinciden en que  el caso de Bascopé es emblemático; pero no único. En realidad sostienen que los operadores de justicia hicieron de la  tortura y la violencia un método de investigación. Lo aplica la Policía, pero tiene el apoyo de fiscales y jueces.
“Uno de los principales métodos de investigación que tiene la Policía es la tortura. En 2008 era aún más, ahora bajó la frecuencia de estos casos pero aún existe”, explica Marcelo Flores, médico forense del ITEI.
 Esta ONG que trabaja desde 2001 en Bolivia entiende la tortura según el concepto de Naciones Unidas: Infligir dolor o sufrimiento grave (físico o mental) para obtener de la víctima información, una confesión, castigarla por algo que hizo o intimidarla. Dichos abusos deben provenir de un funcionario público o contar con su consentimiento o aquiescencia.
 Desde hace 16 años que esta organización brinda servicios de atención médica y psicológica a las víctimas de la violencia estatal y  capacita a profesionales bolivianos en rehabilitación y psicotraumatología. Desde el inicio de sus actividades intervino en casos como Febrero Negro, la Guerra del Gas, la masacre de Porvenir, la humillación de campesinos el 24 de  mayo de 2008 en Sucre, el encarcelamiento de militares movilizados por la descolonización y otros.
Pero también recibió a decenas de víctimas de abusos policiales en procesos judiciales. Es así que el psicoterapeuta Andrés Gautier considera que de las más de 800 personas que atendieron por torturas y violencia estatal el 70% fue víctima de la Policía, el 15% de las Fuerzas Armadas y un 20% de otras instituciones.
Flores indica que hay al menos cuatro tipos de torturas: la física, la psicológica, la biológica (aislamiento, prohibición de ir al baño, prohibición del sueño, etcétera) y la sexual. “En 2008 la mayoría de las mujeres que vimos en la cárcel nos dijeron que las habían torturado en la FELCC”, añade.
“Ahí es donde torturan, en las celdas de la Policía”, completa la directora del ITEI, Emma Bravo. Estos abusos cometidos en muchos casos por los investigadores cuentan, según ella, con el consentimiento de los fiscales y también del juez, que cuando llegan a sus manos personas golpeadas ni se molestan en preguntar qué ocurrió, pues se entiende como algo natural que pasaron por las manos de los uniformados.
A partir de los casos atendidos, Flores indica que se detectó algunos métodos más usados por los policías, que van desde los insultos,  las amenazas y los golpes en partes sensibles hasta la asfixia con una bolsa nylon en la cabeza en donde insertan gas lacrimógeno, o el uso de aparatos de descargas eléctricas.
El director departamental de la FELCC, Jhonny Aguilera, considera que esas prácticas son parte del pasado que ya se dejaron de lado. “En la formación cuasi militar que tiene la Policía, por lo menos en mi época, era usual la agresión y el maltrato, yo me formé así. Pero niego completamente que esto continúe bajo mi gestión (en la fuerza anticrimen de La Paz), lo puedo jurar”.
La tortura para conseguir pruebas -según la autoridad- genera que ésta se anule en un juicio. No obstante, cree que es importante reflexionar y mantener presente que los actos violentos forman parte del pasado que debe ser desterrado.
Si bien la tortura se da por lo general en la detención, la violencia estatal no acaba allí, sostiene Gautier. En muchos casos se aplica contra el sindicado un “linchamiento mediático”, no se respeta la presunción de inocencia, se lo encierra en condiciones precarias, le  inician otros procesos penales, lo alejan del círculo familiar y se desestabiliza su situación económica y la de sus allegados. “Primero lo torturan y luego lo mantienen encerrado por años sin condena, puede que se trate de un inocente”.
Procesado por muertes en Apolo
Juan Bascopé Cari es procesado por los asesinatos ocurridos en Apolo en octubre de 2003, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realizó un operativo de erradicación de coca ilegal.
Lo detuvieron en julio de 2014 y pasó por una serie de torturas según evidenció el ITEI.
Amnistía Internacional y el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura se interesaron en su caso. Él sigue detenido sin condena.
Torturado en las celdas de El Alto
En julio de 2010 David Olorio, un delincuente que atracó un puesto de peaje de Vías Bolivia, fue torturado en dependencias de la FELCC de El Alto por un grupo de uniformados. En menos de 24 horas después de su aprehensión falleció.
 En un principio la Policía  intentó ocultar la verdadera causa del deceso, señalaron que fue muerte natural; pero al final se evidenció que Olorio pasó por graves sufrimientos antes de morir.
Sergio Mendoza
Source Página Siete: https://goo.gl/mU1YL7

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