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ago 24

ITEI: En Bolivia no existe una estrategia contra la tortura

lunes, 24 de agosto de 2015

El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) sostiene en su informe “Tortura en Bolivia” que en el país no existe una estrategia de lucha contra este flagelo, y que por el contrario hay una política de negación de este ilícito, pese a que el Estado se comprometió a combatirlo con la ratificación de tratados internacionales.
Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.
El artículo 15 de la Constitución Política del Estado refiere que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes y la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar  toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
Sin embargo “existe una conducta en las autoridades de Gobierno y del Órgano Judicial de invisibilizar la tortura y decir que sólo ocurre en las dictaduras”. Los casos de tortura en los últimos años han venido en aumento.
El reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100% de 2013 a 2014. Casos emblemáticos de tortura se conocieron en esta gestión como el de Juan Bascopé a manos de la Policía y en presencia del fiscal Gregorio Blanco y funcionarios del Ministerio de Gobierno, según cursa la denuncia.
Asimismo, los casos de violación a más de 17 mujeres en Apolo a manos de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en la intervención de erradicación de coca en octubre de 2013. El Ministerio de Gobierno rechaza esta versión.
Prevención
La Convención contra la Tortura obliga a los Estados firmantes como Bolivia a tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura”.

En consecuencia, señala el ITEI, “no es suficiente prohibir la tortura sino, crear mecanismos para prevenir y sancionarla”.

Tortura  en Bolivia
CPE  El artículo 15 de la Constitución refiere que: “Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.
Acuerdos  Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.
Defensoría  Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100% de 2013 a 2014.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/GMScJy

ago 23

ITEI denuncia que en Bolivia hay una política de negación de la tortura

23 de agosto de 2015

‘Existe una conducta en las autoridades de gobierno y del órgano judicial de invisibilizar la tortura y decir que solo ocurre en las dictaduras’, señala.

El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) sostiene en su informe ?Tortura en Bolivia? que en el país no existe una estrategia de lucha contra este flagelo, y que por el contrario hay una política de negación de este ilícito, pese a que el Estado se comprometió a combatirlo con la ratificación de tratados internacionales. Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.

En el país, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado refiere que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes y la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Sin embargo “existe una conducta en las autoridades de gobierno y del órgano judicial de invisibilizar la tortura y decir que solo ocurre en las dictaduras”. Los casos de tortura en los últimos años han venido en aumento. El reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100% de 2013 a 2014. Casos emblemáticos de tortura se conocieron en esta gestión como el de Juan Bascopé a manos de la policía y en presencia del fiscal Gregorio Blanco y funcionarios del ministerio de Gobierno, según cursa la denuncia.

Asimismo, los casos de violación a más de 17 mujeres en Apolo a manos de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en la intervención de erradicación de coca en octubre de 2013. El Ministerio de Gobierno rechaza esta versión. Prevención La Convención contra la Tortura obliga a los Estados firmantes como Bolivia a tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura”.

En consecuencia, señala el ITEI, “no es suficiente prohibir la tortura sino, crear mecanismos para prevenir y sancionar estos actos de forma efectiva garantizando el derecho de no repetición”. Ley contra la Tortura La institución, que junto a ocho organismos de derechos humanos conforman la Coalición contra la Tortura, demanda que se apruebe la Ley contra la Tortura para que permita sancionar el delito de acuerdo a su gravedad; establecer la imprescriptibilidad de la tortura; establecer un mecanismo de control del estado de salud antes, después de la detención y durante el traslado de la persona privada de libertad; dar la posibilidad a médicos y psicólogos independientes para certificar hechos de tortura; y, establecer reparaciones de tipo psicológico, médico, jurídico y económico para personas afectadas por tortura.

Derecho a la Rehabilitación Bolivia al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1999, adquirió el deber de cumplir con las cinco medidas de reparación para las víctimas que son: la restitución, que es el derecho que tienen las víctimas a que se les restituya la situación en la que se encontraban antes de los hechos de tortura; la indemnización financiera; la rehabilitación integral; la satisfacción, que significa que el Estado debe “cumplir las obligaciones de investigación y procesamiento penal, la revelación pública y completa de la verdad”; y, las garantías de no repetición del delito. Este año, a nivel mundial, todas las organizaciones miembros del Consejo Internacional contra la Tortura (IRCT), en más de 70 países, decidieron enfatizar en el Derecho y el Acceso a la Rehabilitación de las víctimas, en particular en la atención psicológica por los efectos psicotraumáticos, “medida en que el Estado boliviano tiene una gran deuda con la población afectada, porque no cumple con este compromiso”.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/6wPSp5

jun 27

Organizaciones de DDHH denuncian tortura en Bolivia

BOLIVIA, 27 de Junio de 2015

Organizaciones de Derechos Humanos de Bolivia se adhirieron a la campaña internacional contra la tortura con el lema: ¡Derecho a la rehabilitación ya! Ayer 26 de junio se recuerdó el Día Internacional de la Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre la Tortura (ITEI), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y su filial de La Paz, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, el Movimiento “Mujeres libertad” y la Unión de expresos y exiliados de Bolivia expresaron sus reflexiones y preocupaciones sobre la práctica de la tortura en el país y sobre la rehabilitación como un derecho para las víctimas.

Las instituciones, mediante un pronunciamiento, señalaron que la tortura ha sido y es en Bolivia una práctica -en dictadura y periodos democráticos- que busca silenciar a las personas afectadas con el uso de amenazas, para encubrir los hechos, y donde participan autoridades judiciales, policiales, militares y de gobierno.

“La tortura en nuestro país tiene dos funciones principales: La primera, se la utiliza con fines de investigación y confesión. La Policía y la justicia no emplean métodos científicos de investigación, la tortura es un método barato y aparentemente eficaz”, indica.

En ese sentido, las instituciones concluyen que la Policía y la Justicia en el país antes de encontrar a los verdaderos culpables de un delito, lo que quieren es tener un “culpable”, es decir quien pague. “Si de hecho (la persona) es inocente, pues ‘mala suerte’. La presunción de inocencia es casi inexistente”, señalan.

La segunda función de la práctica de la tortura, según las instituciones, ocurre con fines “educativos”. Esta conducta “rige en la policía, las fuerzas armadas y en una parte de la población, la idea que para educar hay que saber dar ‘una buena lección’, una buena paliza, y en ese ámbito los métodos de tortura son bienvenidos”. Un ejemplo ilustrativo es el ocurrido a los estudiantes de la Universidad Indígena Túpac Katari, en Chúa.

Subrayan que la práctica de la tortura no es exclusividad de los gobiernos dictatoriales como lo evidencian los recientes casos ocurridos en el país, donde efectivos policiales y militares torturan a detenidos bajo la vigilante mirada de fiscales y autoridades de gobierno.

CASOS

Un caso emblemático es el ocurrido a Juan Bascopé, principal implicado en el caso Apolo, según el Ministerio Público y el gobierno, que sin embargo hasta el momento no existen pruebas fehacientes que lo incriminen.

Bascopé fue torturado en octubre de 2013 durante 20 días por policías y militares. “Me llevaron a las oficinas del Centro de Investigación del Gobierno (ubicado en Obrajes), donde ingresaron unos 25 militares quienes empezaron a golpearme; me dieron patadas en la cabeza, en la espalda, me fracturaron el tabique, pómulo y costillas. Me pusieron una bolsa negra de plástico en la cabeza y cerraron la bolsa, me asfixiaba “Me destrozaron una mano, pusieron fierros entre los dedos y apretaron”, testimonió. Pese a esta situación, que fue corroborada por un examen médico, las autoridades no iniciaron ninguna investigación.

Fuente El Diario: https://goo.gl/hssSMe

jun 20

Dan libertad a principal implicado en tortura y muerte de David Olorio

viernes, 19 de junio de 2015

El Tte. de Policía Omar Víctor Antezana Coronado es el principal implicado en la tortura. Tras golpearlo para que confesara dónde está el dinero, ‘los policías rociaron gas pimienta en una bolsa plástica y le colocaron en su cabeza’, mencionó entonces uno de los fiscales al caso.

La Sala Penal Primera de La Paz otorgó libertad a sola presentación de garantes al teniente de la Policía Omar Víctor Antezana Coronado, jefe de inteligencia y principal implicado en la tortura y muerte de David Olorio Apaza, ocurrido en julio de 2010, informó el abogado de la víctima, Rime Choquehuanca.

El jurista denunció que la libertad de Antezana fue favorecida -en febrero- por los vocales Ramiro López y Ricardo Chumacero, hoy acusados de corrupción por haber beneficiado con un fallo al empresario peruano Martín Belaúnde.

“En la audiencia que se instaló fueron (los vocales) tan inclinados a la libertad del señor Víctor Antezana que incluso arremetieron contra la participación de mi persona y del Ministerio de Gobierno, especialmente el vocal Chumacero porque ni siquiera le impuso (a Antezana) una fianza económica, reclamamos la decisión y lo único que significó fue tener una agresión verbal de parte de esas dos autoridades”, manifestó el abogado a ANF.

Con la libertad de Antezana no queda ningún policía detenido, de los siete implicados, en el caso Olorio. Transcurrido casi cinco años, no existe acusación del juez en contra de los uniformados. El 4 de julio de 2010 seis desconocidos atracaron el peaje de la autopista La Paz – El Alto, dispararon a un policía, que resultó muerto, y se llevaron cerca de Bs350.000. Dos días después la policía detuvo a David Olorio Apaza junto a su conviviente.

Diez horas después de ser detenido, Olorio Apaza apareció muerto en el inmueble de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto. El informe forense reveló que Olorio Apaza fue cruelmente torturado antes de morir. Luego de golpearlo para que confesara dónde está el dinero, “los policías rociaron gas pimienta en una bolsa plástica y le colocaron en su cabeza”.

El detenido vivió una verdadera película de terror antes de morir”, mencionó entonces uno de los fiscales asignados al caso. “Al no poder conseguir de ninguna forma la confesión de Olorio mediante tortura, al final lo mataron entre varias personas, de forma cobarde, es decir, el mismo Estado a partir de sus funcionarios comente crímenes, en ese sentido existen pruebas”, manifestó Choquehuanca.

Los policías implicados en la muerte de Olorio son: José Ronald Saravia Saavedra, Cristian Ramiro Vargas Nina, Omar Víctor Antezana Coronado (Jefe de inteligencia), Fructuoso Israel Vega Segurondo, Luis Fernando Aquino Mamani, Juan de la Cruz Cerón Copa, Juan Villca Chambi, Valentín Choquehuanca Ulo y Jesús Antonio Moscoso Velasco.

Denuncian encubrimiento de los operadores de justicia Choquehuanca denunció complicidad y encubrimiento de parte de las autoridades judiciales que “por cansancio a las víctimas y a la sociedad” buscan cerrar el caso para no sancionar a los responsables.

“Lastimosamente es el tiempo, la retardación, se podría decir que hay un cierto encubrimiento que busca agotar a las víctimas, agotar al Ministerio Público y agotar a la sociedad para no conocer resultados sobre este caso, yo entiendo que si hay un interés en agotar a todos y buscar que no haya esa condena”, apuntó. Sobre Antezana, dijo que su salida del penal de San Pedro no es gratuita. “Estos sujetos que tienen esas técnicas de tortura están todavía sirviendo en el Estado.

Afirmamos eso porque es una acusación del mismo Ministerio Público”, expresó. Fuentes cercanas al caso denunciaron además que el teniente Antezana habría ascendido al grado de capitán, pese a haber estado detenido. El Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura (ITEI) sostuvo, en una anterior declaración, que la tortura sigue siendo el método de investigación más utilizado por la policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie.

Emma Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades. Bravo también señaló que la impunidad en este delito es una de las más altas porque hasta la fecha no se conoce que un caso de tortura haya tenido sentencia.

Fuente: Página Siete https://goo.gl/HHdvUG

jun 19

Ante proyecto de Ley contra la tortura

Ante proyecto de Ley contra la tortura.

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Ante proyecto de Ley contra la tortura

jun 19

Memorias Institucionales ITEI

Memoria2008Memoria Institucional del ITEI 2005-2008.

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Memoria ITEI 2005-2008

Memoria Institucional del ITEI 2002-2004.

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Memoria ITEI 2002-2004

jun 10

De la humillación a la denuncia

libro-de-la-humillacion-a-la-denunciaPara este segundo número el ITEI ha focalizado los hechos ocurridos en Sucre el 24 de mayo de 2008, protagonizados por el Comité Interinstitucional de Sucre contra los campesinos y las campesinas que fueron a Sucre a recibir de manos del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Evo Morales Ayma, ambulancias para sus comunidades. El libro tiene carácter pluridisciplinario, da cuenta del contexto histórico, realiza un análisis antropológico del racismo presente, de la significación de la quema de la Whipala y los ponchos, muestra la intervención a nivel psicológico, psicoterapéutico, médico y jurídico, así como las secuelas psicosociales a nivel individual y colectivo, publica los testimonios y la lista de las personas afectadas.

Libro de la humillación a la denuncia

jun 09

La represion de la “Marcha por la Supervivencia”

libro-de-la-represion-de-la-marcha-por-la-sobrevivenciaEn este primer número el ITEI ha focalizado la represión de la marcha por la sobrevivencia en enero de 2003, protagonizada por las jubiladas, jubilados y rentistas de Bolivia, para mostrar con este pasaje histórico el constante encubrimiento de la violencia ejercida por las fuerzas represivas del Estado, acto que constituye una violación flagrante de los derechos humanos, por encima de los tratados internacionales.
El libro contextualiza el desarrollo de la marcha como parte de las contradicciones del sistema neoliberal mostrando el incremento de la violencia estatal en “democracia”, para imponer por la fuerza medidas como la privatización de la seguridad social, en desmedro de los intereses de las mayorías.

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libro de la represion de la marcha por la sobrevivencia

jun 09

Medio Ambiente Cambio Climático

cambioEl cambio climático es una problemática que nos concierne a todos y todas y que merece un aporte específico desde nuestras prácticas educativas. Solo el accionar desde nuestras diferentes instancias de trabajo lograra aminorar los efectos enormes que ello trae para la humanidad y para nuestro país. Las copartes del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos SAIH integradas por el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara CDIMA, la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar FENATRAHOB, el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local CEADL, La Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad (FUNPROEIB ANDES), el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de tortura y la violencia estatal ITEI y las Unidades Académicas Campesinas UACs de Pucarani, Batallas y Tiahuanaco y el Centro de Formación Superior en Educación Intercultural y bilingüe-Escoma CEFOS EIB-ESCOMA; tienen en agrado de presentarles una síntesis de aportes sobre experiencias institucionales sobre medio ambiente, desarrollado a lo largo de su trabajo.

jun 09

Las secuelas de la tortura y la violencia Estatal

libro-de-las-secuelas-de-la-tortura-y-la-violencia-estatalLa presente edicion consiste en la publicacion de las Actas del Primer Simposio Internacional Juridico, Terapeutico y Preventivo sobre las Secuelas delas Torturas y de la Violencia Estatal, que se realizó del 4 al 18 de junio de 1999, en La Paz, Bolivia. Recoge las distintas ponencias de los expositores invitados, las conclusiones de los grupos de trabajo y los debates, así como la valiosa colaboración de todos los participantes. La memoria es un factor determinante en la identidad de la comunidad. Ella se constituye, se destroza, se recompone, puede ser mantenida, solicitada o dejada inactiva, pero queda presente. La memoria concierne la vivencia o la transmisión de lo vivido.

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Las secuelas de la tortura y la violencia estatal

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