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mar 18

Amnistía Internacional pide informe a Bolivia por “gravísimos hechos de tortura” en caso Apolo

viernes, 18 de marzo de 2016

La organización mundial pide conocer ‘qué medidas se están implementado desde la Fiscalía para asegurar la integridad y salud de esta persona dados los hechos denunciados’.

La organización mundial Amnistía Internacional solicitó al gobierno boliviano información sobre los gravísimos hechos de tortura que sufrió el dirigente apicultor Juan Bascopé luego de ser detenido por la Policía el 17 de julio de 2014. Según la denuncia, Bascopé tras su detención fue sometido durante tres días a tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes por personal policial y militar con la anuencia de autoridades policiales, militares, del Ministerio de Gobierno y de la fiscalía.

Bascopé se encuentra actualmente interno en la cárcel de San Pedro de La Paz, enfrentando cargos por el supuesto delito de asesinato ocurrido en octubre de 2013 en la localidad de Apolo. Guadalupe Marengo, Directora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional, se dirigió al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, para pedir información sobre “qué pasos se están tomando para avanzar en la investigación de los gravísimos hechos de tortura y malos tratos denunciados por el Sr. Bascopé el 2 de junio y para que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia”.

La carta fue recibida por Guerrero en octubre de 2015. Asimismo la organización mundial pide conocer “qué medidas se están implementado desde la Fiscalía para asegurar la integridad y salud de esta persona dados los hechos denunciados”.

El requerimiento de Amnistía Internacional ocurre luego de conocerse de que las autoridades judiciales hicieron caso omiso a la denuncia de Bascopé sobre tortura y de que incluso en un principio se le negó asistencia médica por el propio galeno del penal. En la audiencia de medidas cautelares la juez Dina Larrea no tomó en cuenta la gravedad de la situación física y sicológica del agraviado pese a que era evidente, denunció el Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI), entidad que sigue el caso.

Por los tres días de torturas Bascopé terminó con dos costillas rotas, daños cardiacos, severos golpes en la cabeza y destrucción de los nervios de sus manos. Actualmente afronta dolores intensos por los golpes asimilados.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/TuwoVb

oct 04

Campesinos piden libertad de implicado en caso Apolo

domingo, 04 de octubre de 2015

DETENIDO DESDE JULIO DE 2014

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, de la primera sección Apolo de la provincia Franz Tamayo, departamento de La Paz, mediante una carta de denuncia pública, demandó la liberación de Juan Bascopé Cari, implicado en el caso Apolo y detenido por este motivo en el penal de San Pedro desde julio de 2014.
“La Federación de Campesinos pide la libertad de nuestro compañero Juan Bascopé que está detenido en la cárcel de San Pedro sin tomar en cuenta su inocencia, por eso pedimos justicia, ya que un ciudadano no puede ser detenido por mucho tiempo sin tomar en cuenta sus derechos”, señala parte del comunicado.
Bascopé, apicultor de oficio, fue detenido el 17 de julio de 2014, en la localidad de Mapiri, La Paz, sindicado por el Ministerio Público como sospechoso de la muerte de cuatro miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta  en noviembre de 2013 en la comunidad de Miraflores, en Apolo, luego de un supuesto enfrentamiento entre cocaleros y uniformados.
Transcurridos  casi dos años de los hechos, Bascopé es el único detenido por este caso, ya que el resto de los sindicados fueron beneficiados con medidas sustitutivas. “Como el Gobierno no ha encontrado pruebas, se ha agarrado de mí para que yo pague por lo que ha sucedió, para que no quede mal parado con este caso, pero eso no es justo, soy inocente”, manifestó Bascopé.
La federación de campesinos también denuncia las torturas a las que fue sometido el apicultor -con el propósito de que se incrimine- a manos de efectivos militares y policiales, tal como señala la denuncia que presentó Bascopé ante el Tribunal Departamental de Justicia y al ministro Carlos Romero.
Dan fe de las torturas sufridas las evaluaciones médicas realizadas por el Instituto de Prevención contra la Tortura (ITEI) y por el Hospital de Clínicas. Denunció también como cómplices de la tortura a autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía, de quienes precisó sus nombres. “Delante de ellos me torturaron y no hicieron nada para impedirlo”, señaló a ANF.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/vp43n8

oct 03

Federación de campesinos pide la liberación de un implicado en el caso Apolo

sábado, 03 de octubre de 2015

También denunciaron las torturas a las que fue sometido el apicultor Juan Bascopé -con el propósito de que se incrimine- a manos de efectivos militares y policiales.

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupaj Katari, de la primera sección Apolo de la provincia Franz Tamayo, departamento de La Paz, mediante una carta de denuncia pública, demandó la liberación de Juan Bascopé Cari, implicado en el caso Apolo y detenido por este motivo en el penal de San Pedro desde julio de 2014.

“La Federación de Campesinos pide la libertad de nuestro compañero Juan Bascopé que está detenido en la cárcel de San Pedro sin tomar en cuenta su inocencia, por eso pedimos justicia, ya que un ciudadano no puede ser detenido por mucho tiempo sin tomar en cuenta sus derechos”, señala parte del comunicado.

Bascopé, apicultor de oficio, fue detenido el 17 de julio de 2014, en la localidad de Mapiri, La Paz, sindicado por el Ministerio Público como sospechoso de la muerte de cuatro miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta ocurrido en noviembre de 2013 en la comunidad de Miraflores en Apolo, luego de un supuesto enfrentamiento entre cocaleros y uniformados. Transcurridos ya casi dos años de los hechos, Bascopé es el único detenido por este caso, ya que el resto de los sindicados fueron beneficiados con medidas sustitutivas.

“Como el gobierno no ha encontrado pruebas se ha agarrado de mi para que yo pague por lo que ha sucedió, para que no quede mal parado con este caso, pero eso no es justo, soy inocente”, manifestó Bascopé. La Federación de Campesinos también denuncia las torturas a las que fue sometido el apicultor -con el propósito de que se incrimine- a manos de efectivos militares y policiales, tal como señala la denuncia que presentó Bascopé ante el Tribunal Departamental de Justicia y al ministro Carlos Romero.

Dan fe de las torturas sufridas las evaluaciones médicas realizadas por el Instituto de Prevención contra la Tortura (ITEI) y del Hospital de Clínicas. Denunció también como cómplices de la tortura, a autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía, de quienes precisó sus nombres. “Delante de ellos me torturaron y no hicieron nada para impedirlo”, señaló a ANF en una anterior entrevista. Producto de los tratos crueles, Bascopé sufrió la rotura y separación de tres costillas, impedimento de la capacidad de aprehensión de ambas manos por destrozo de los nervios y dolores constantes e intensos en la cabeza por los golpes sufridos.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/HEL2Xs

ago 24

ITEI: En Bolivia no existe una estrategia contra la tortura

lunes, 24 de agosto de 2015

El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) sostiene en su informe “Tortura en Bolivia” que en el país no existe una estrategia de lucha contra este flagelo, y que por el contrario hay una política de negación de este ilícito, pese a que el Estado se comprometió a combatirlo con la ratificación de tratados internacionales.
Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.
El artículo 15 de la Constitución Política del Estado refiere que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes y la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar  toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
Sin embargo “existe una conducta en las autoridades de Gobierno y del Órgano Judicial de invisibilizar la tortura y decir que sólo ocurre en las dictaduras”. Los casos de tortura en los últimos años han venido en aumento.
El reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100% de 2013 a 2014. Casos emblemáticos de tortura se conocieron en esta gestión como el de Juan Bascopé a manos de la Policía y en presencia del fiscal Gregorio Blanco y funcionarios del Ministerio de Gobierno, según cursa la denuncia.
Asimismo, los casos de violación a más de 17 mujeres en Apolo a manos de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en la intervención de erradicación de coca en octubre de 2013. El Ministerio de Gobierno rechaza esta versión.
Prevención
La Convención contra la Tortura obliga a los Estados firmantes como Bolivia a tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura”.

En consecuencia, señala el ITEI, “no es suficiente prohibir la tortura sino, crear mecanismos para prevenir y sancionarla”.

Tortura  en Bolivia
CPE  El artículo 15 de la Constitución refiere que: “Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.
Acuerdos  Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.
Defensoría  Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100% de 2013 a 2014.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/GMScJy

ago 23

ITEI denuncia que en Bolivia hay una política de negación de la tortura

23 de agosto de 2015

‘Existe una conducta en las autoridades de gobierno y del órgano judicial de invisibilizar la tortura y decir que solo ocurre en las dictaduras’, señala.

El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) sostiene en su informe ?Tortura en Bolivia? que en el país no existe una estrategia de lucha contra este flagelo, y que por el contrario hay una política de negación de este ilícito, pese a que el Estado se comprometió a combatirlo con la ratificación de tratados internacionales. Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.

En el país, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado refiere que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes y la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Sin embargo “existe una conducta en las autoridades de gobierno y del órgano judicial de invisibilizar la tortura y decir que solo ocurre en las dictaduras”. Los casos de tortura en los últimos años han venido en aumento. El reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100% de 2013 a 2014. Casos emblemáticos de tortura se conocieron en esta gestión como el de Juan Bascopé a manos de la policía y en presencia del fiscal Gregorio Blanco y funcionarios del ministerio de Gobierno, según cursa la denuncia.

Asimismo, los casos de violación a más de 17 mujeres en Apolo a manos de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en la intervención de erradicación de coca en octubre de 2013. El Ministerio de Gobierno rechaza esta versión. Prevención La Convención contra la Tortura obliga a los Estados firmantes como Bolivia a tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura”.

En consecuencia, señala el ITEI, “no es suficiente prohibir la tortura sino, crear mecanismos para prevenir y sancionar estos actos de forma efectiva garantizando el derecho de no repetición”. Ley contra la Tortura La institución, que junto a ocho organismos de derechos humanos conforman la Coalición contra la Tortura, demanda que se apruebe la Ley contra la Tortura para que permita sancionar el delito de acuerdo a su gravedad; establecer la imprescriptibilidad de la tortura; establecer un mecanismo de control del estado de salud antes, después de la detención y durante el traslado de la persona privada de libertad; dar la posibilidad a médicos y psicólogos independientes para certificar hechos de tortura; y, establecer reparaciones de tipo psicológico, médico, jurídico y económico para personas afectadas por tortura.

Derecho a la Rehabilitación Bolivia al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1999, adquirió el deber de cumplir con las cinco medidas de reparación para las víctimas que son: la restitución, que es el derecho que tienen las víctimas a que se les restituya la situación en la que se encontraban antes de los hechos de tortura; la indemnización financiera; la rehabilitación integral; la satisfacción, que significa que el Estado debe “cumplir las obligaciones de investigación y procesamiento penal, la revelación pública y completa de la verdad”; y, las garantías de no repetición del delito. Este año, a nivel mundial, todas las organizaciones miembros del Consejo Internacional contra la Tortura (IRCT), en más de 70 países, decidieron enfatizar en el Derecho y el Acceso a la Rehabilitación de las víctimas, en particular en la atención psicológica por los efectos psicotraumáticos, “medida en que el Estado boliviano tiene una gran deuda con la población afectada, porque no cumple con este compromiso”.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/6wPSp5

jun 27

Organizaciones de DDHH denuncian tortura en Bolivia

BOLIVIA, 27 de Junio de 2015

Organizaciones de Derechos Humanos de Bolivia se adhirieron a la campaña internacional contra la tortura con el lema: ¡Derecho a la rehabilitación ya! Ayer 26 de junio se recuerdó el Día Internacional de la Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre la Tortura (ITEI), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y su filial de La Paz, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, el Movimiento “Mujeres libertad” y la Unión de expresos y exiliados de Bolivia expresaron sus reflexiones y preocupaciones sobre la práctica de la tortura en el país y sobre la rehabilitación como un derecho para las víctimas.

Las instituciones, mediante un pronunciamiento, señalaron que la tortura ha sido y es en Bolivia una práctica -en dictadura y periodos democráticos- que busca silenciar a las personas afectadas con el uso de amenazas, para encubrir los hechos, y donde participan autoridades judiciales, policiales, militares y de gobierno.

“La tortura en nuestro país tiene dos funciones principales: La primera, se la utiliza con fines de investigación y confesión. La Policía y la justicia no emplean métodos científicos de investigación, la tortura es un método barato y aparentemente eficaz”, indica.

En ese sentido, las instituciones concluyen que la Policía y la Justicia en el país antes de encontrar a los verdaderos culpables de un delito, lo que quieren es tener un “culpable”, es decir quien pague. “Si de hecho (la persona) es inocente, pues ‘mala suerte’. La presunción de inocencia es casi inexistente”, señalan.

La segunda función de la práctica de la tortura, según las instituciones, ocurre con fines “educativos”. Esta conducta “rige en la policía, las fuerzas armadas y en una parte de la población, la idea que para educar hay que saber dar ‘una buena lección’, una buena paliza, y en ese ámbito los métodos de tortura son bienvenidos”. Un ejemplo ilustrativo es el ocurrido a los estudiantes de la Universidad Indígena Túpac Katari, en Chúa.

Subrayan que la práctica de la tortura no es exclusividad de los gobiernos dictatoriales como lo evidencian los recientes casos ocurridos en el país, donde efectivos policiales y militares torturan a detenidos bajo la vigilante mirada de fiscales y autoridades de gobierno.

CASOS

Un caso emblemático es el ocurrido a Juan Bascopé, principal implicado en el caso Apolo, según el Ministerio Público y el gobierno, que sin embargo hasta el momento no existen pruebas fehacientes que lo incriminen.

Bascopé fue torturado en octubre de 2013 durante 20 días por policías y militares. “Me llevaron a las oficinas del Centro de Investigación del Gobierno (ubicado en Obrajes), donde ingresaron unos 25 militares quienes empezaron a golpearme; me dieron patadas en la cabeza, en la espalda, me fracturaron el tabique, pómulo y costillas. Me pusieron una bolsa negra de plástico en la cabeza y cerraron la bolsa, me asfixiaba “Me destrozaron una mano, pusieron fierros entre los dedos y apretaron”, testimonió. Pese a esta situación, que fue corroborada por un examen médico, las autoridades no iniciaron ninguna investigación.

Fuente El Diario: https://goo.gl/hssSMe

jun 20

Dan libertad a principal implicado en tortura y muerte de David Olorio

viernes, 19 de junio de 2015

El Tte. de Policía Omar Víctor Antezana Coronado es el principal implicado en la tortura. Tras golpearlo para que confesara dónde está el dinero, ‘los policías rociaron gas pimienta en una bolsa plástica y le colocaron en su cabeza’, mencionó entonces uno de los fiscales al caso.

La Sala Penal Primera de La Paz otorgó libertad a sola presentación de garantes al teniente de la Policía Omar Víctor Antezana Coronado, jefe de inteligencia y principal implicado en la tortura y muerte de David Olorio Apaza, ocurrido en julio de 2010, informó el abogado de la víctima, Rime Choquehuanca.

El jurista denunció que la libertad de Antezana fue favorecida -en febrero- por los vocales Ramiro López y Ricardo Chumacero, hoy acusados de corrupción por haber beneficiado con un fallo al empresario peruano Martín Belaúnde.

“En la audiencia que se instaló fueron (los vocales) tan inclinados a la libertad del señor Víctor Antezana que incluso arremetieron contra la participación de mi persona y del Ministerio de Gobierno, especialmente el vocal Chumacero porque ni siquiera le impuso (a Antezana) una fianza económica, reclamamos la decisión y lo único que significó fue tener una agresión verbal de parte de esas dos autoridades”, manifestó el abogado a ANF.

Con la libertad de Antezana no queda ningún policía detenido, de los siete implicados, en el caso Olorio. Transcurrido casi cinco años, no existe acusación del juez en contra de los uniformados. El 4 de julio de 2010 seis desconocidos atracaron el peaje de la autopista La Paz – El Alto, dispararon a un policía, que resultó muerto, y se llevaron cerca de Bs350.000. Dos días después la policía detuvo a David Olorio Apaza junto a su conviviente.

Diez horas después de ser detenido, Olorio Apaza apareció muerto en el inmueble de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto. El informe forense reveló que Olorio Apaza fue cruelmente torturado antes de morir. Luego de golpearlo para que confesara dónde está el dinero, “los policías rociaron gas pimienta en una bolsa plástica y le colocaron en su cabeza”.

El detenido vivió una verdadera película de terror antes de morir”, mencionó entonces uno de los fiscales asignados al caso. “Al no poder conseguir de ninguna forma la confesión de Olorio mediante tortura, al final lo mataron entre varias personas, de forma cobarde, es decir, el mismo Estado a partir de sus funcionarios comente crímenes, en ese sentido existen pruebas”, manifestó Choquehuanca.

Los policías implicados en la muerte de Olorio son: José Ronald Saravia Saavedra, Cristian Ramiro Vargas Nina, Omar Víctor Antezana Coronado (Jefe de inteligencia), Fructuoso Israel Vega Segurondo, Luis Fernando Aquino Mamani, Juan de la Cruz Cerón Copa, Juan Villca Chambi, Valentín Choquehuanca Ulo y Jesús Antonio Moscoso Velasco.

Denuncian encubrimiento de los operadores de justicia Choquehuanca denunció complicidad y encubrimiento de parte de las autoridades judiciales que “por cansancio a las víctimas y a la sociedad” buscan cerrar el caso para no sancionar a los responsables.

“Lastimosamente es el tiempo, la retardación, se podría decir que hay un cierto encubrimiento que busca agotar a las víctimas, agotar al Ministerio Público y agotar a la sociedad para no conocer resultados sobre este caso, yo entiendo que si hay un interés en agotar a todos y buscar que no haya esa condena”, apuntó. Sobre Antezana, dijo que su salida del penal de San Pedro no es gratuita. “Estos sujetos que tienen esas técnicas de tortura están todavía sirviendo en el Estado.

Afirmamos eso porque es una acusación del mismo Ministerio Público”, expresó. Fuentes cercanas al caso denunciaron además que el teniente Antezana habría ascendido al grado de capitán, pese a haber estado detenido. El Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura (ITEI) sostuvo, en una anterior declaración, que la tortura sigue siendo el método de investigación más utilizado por la policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie.

Emma Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades. Bravo también señaló que la impunidad en este delito es una de las más altas porque hasta la fecha no se conoce que un caso de tortura haya tenido sentencia.

Fuente: Página Siete https://goo.gl/HHdvUG

may 31

Policía usa tortura como método de investigación

BOLIVIA, 31 de Mayo de 2015

ANF.- El Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) sostuvo que la tortura sigue siendo el método de investigación más utilizado por la policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie. Emma Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades.

“Es el método de investigación más barato y esa es una de las razones por lo que a la policía no se le entrena en otros medios, más bien se le entrena en temas de amedrentamiento”, manifestó Bravo.

La activista agregó que si el nivel de investigación de la policía es más bajo hoy, “es porque nunca se hizo nada por elevarlo”.

Dijo que la policía aún mantiene en sus prácticas para sacar información, métodos como la picana eléctrica, golpes en partes sensibles, la asfixia (bolsa en la cabeza), amenazas, tortura sicológica, entre otros.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, indicó que las escuelas militares, policiales y los centros penitenciarios son los sectores de mayor vulnerabilidad y donde se cometen este tipo de tratos. Que son denunciados por familiares de militares.

Bolivia ratificó en 2005 la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas, e incorpora esa figura penal en su normativa, sin embargo los casos denunciados van en aumento, de acuerdo al informe presentado por la Defensoría del Pueblo en la gestión anterior.

La Defensoría del Pueblo señala que recibió y procesó entre enero y octubre de 2013 un total de 1.119 casos, 56 por ciento más respecto a gestiones anteriores.

Según la Convención, tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión (…) infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas.

CASOS

La reciente denuncia de tortura abordada por el ITEI es el ocurrido a los detenidos por el caso Apolo. Juan Bascopé, uno de los sindicados por el ministerio Público de causar la muerte de dos uniformados y un médico en el allanamiento a la comunidad de Miraflores, “fue cruelmente torturado por la policía en presencia y con autorización del fiscal y funcionarios del Ministerio de Gobierno”.

“El aparato de justicia conoce y obvia esta situación. En el caso de Apolo fue en presencia del fiscal. Eso cubre al policía que va a ejercer la tortura, el aparato conoce y obvia, lo de Juan Bascopé, es un caso claro donde hay denuncia de tortura ante el juez y éste juega un rol de invisibilización de la tortura porque no lo toma en cuenta en el informe final pese a que Juan le muestra en la audiencia las huellas de su estado físico”.

Juan Bascopé fue golpeado en la cabeza y las costillas, su mano derecha fue prensada hasta destrozarle los nervios. “Le destrozaron una mano, pusieron fierros entre los dedos y han apretado, por eso hasta ahora no tiene fuerza en esa mano”, relató Gautier.

Bascopé además denunció que el médico del Penal de San Pedro no le brindó atención médica pese a su reiterado pedido, y le advirtió que si lo atendía no iba a registrar en su informe “ni una sola palabra” que su afectación física se debió a tortura.

Otros casos de tortura denunciados y que siguen entrampados en los juzgados son la muerte mediante tortura de David Olorio por efectivos policiales en 2010, el caso Sucre de mayo de 2008, las muertes de los subtenientes del Ejército Gróver Poma y Ceooly Espinal. Así también se conocen los casos Caranavi, Chaparina y el caso Chua, donde los estudiantes de la normal fueron torturados durante toda una noche por un instructor militar.

En el caso relacionado a la fuga de Martín Belaunde, su abogado, Jorge Valda denunció ese extremo utilizado por los efectivos policiales en su contra para que divulgue el lugar donde se encontraba el ciudadano peruano que fue capturado el jueves pasado y entregado a las autoridades de su gobierno. A la fecha el Abogado se encuentra en custodia en celdas judiciales.

IMPUNIDAD

Pese a la cantidad de casos de tortura denunciados, Gautier dijo que no se conoce quno que haya terminado en sentencia. “Es una realidad que no se la quiere visibilizar y hay la creencia de que la tortura solo existe en dictadura”, manifestó.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales dijo al respecto que “no existe en este momento un estudio empírico que nos genere datos e indicadores” sobre la situación de la tortura en el país.

El funcionario indicó que al ser un compromiso del Estado Boliviano prevenir la tortura, es que el gobierno creó el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), pero aclaró que su origen se da más para cumplir con tratados internacionales.

“No estamos creando el Sepret porque exista una tradición de tortura, o sea un problema que aqueja a la sociedad, sino más porque estamos cumpliendo con los convenios y los tratados a los que hace al Estado”, manifestó.

Fuente El Diario: https://goo.gl/zAkddQ

jul 10

Familiares, la principal angustia de dos suboficiales detenidos

Miércoles, 09 de julio de 2014

Freddy Sucojayo y Franklin Colque esperan que en su próxima audiencia el tribunal militar les otorgue la libertad para reunirse con sus seres queridos.

Los suboficiales Freddy Sucojayo y Franklin Colque coinciden por separado, cada uno desde la celda en la que están detenidos preventivamente, que una de sus principales preocupaciones es el bienestar de sus familiares, con quienes ya no se encuentran.
El primero tiene dos hijos, uno de siete años y otro de nueve meses, además de su esposa Zulema Quispe, quien comenta que  el suboficial está “deprimido y angustiado por dejar desamparados” a los menores. El segundo no tiene hijos, pero mantiene a sus padres, explica la secretaria general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), Verónica Sánchez.
Ella formó parte de una comisión que ingresó ayer a verificar la situación de los militares detenidos en la Primera Brigada Aérea de El Alto desde el pasado 2 de julio, a decisión de una jueza del Tribunal Permanente de Justicia Militar.

El grupo acudió   en respuesta a una denuncia  de trato “denigrante y discriminador” presentada por un familiar de Sucojayo, quien indicó: “Los llevaron a celdas improvisadas; alrededor del recinto hay custodia de 20 policías militares, un bidón de aceite Fino les sirve como urinario en el mismo cuarto, restringen las visitas”, entre otras cosas.
Ambos son procesados por sedición y motín, cuando en marzo y abril participaron en las movilizaciones de los militares de bajo rango para exigir un mejor trato de sus superiores.
“A Colque yo lo noté un poco más afectado, es la situación de encierro en la que se encuentran y la preocupación por sus familiares”, diría después el responsable del Área Socioterapéutica del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), Andrés Gautier, “aunque es difícil conocer el estado de cada quien porque unos son más proclives a expresarse que otros”.

Al anuncio de la visita de la comisión acudieron tres jefes militares: el comandante de la Primera Brigada Aérea, Róger Vaca; el segundo comandante, Guillermo Pérez, y el comandante del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea, José Coca.
Los coroneles aseguraron, antes de acceder a la visita, que  se hicieron “todas las mejoras” en “los calabozos” para que hagan de celdas de los detenidos.
Las celdas o “jaulas improvisadas”, según las llamó el abogado de los suboficiales, Alberto Costa Obregón, están a pocos pasos del ingreso del recinto militar, detrás de una red metálica sujeta a delgados troncos, en la que se apoya un banner que impide la visibilidad.
Según una fuente anónima, pusieron esto para un mejor aislamiento, para impedir que militares de bajo rango conversen con los detenidos, lo que podría generar nuevas movilizaciones.
La celda de Sucojayo es, según el reporte de la comisión, “amplia”, de 5×2 metros aproximadamente. La de Colque es más pequeña, de 3×2 metros.
Las paredes color crema y techos azulados de ambos recintos despiden olor a recién pintado, muestra de ello son también los baldes de pintura que hasta ayer permanecían allí.
Ambos detenidos tienen un catre de una plaza con frazadas, una mesa y libros. Están abrigados porque allí “se siente el frío”, dice Sánchez. También hay alimentos secos que les llevan sus familiares y reciben las tres comidas diarias de la tropa: desayuno, almuerzo y cena.
Cuando se les pregunta sobre su situación coinciden, también por separado, en que los primeros días fueron  más difíciles. Deben responder en presencia de dos jefes militares: Coca y Pérez. “No era el momento adecuado para que puedan hablar, porque los oficiales estaban escuchando y estaban presentes”, dijo Gautier.
“Siempre es una situación difícil que los detenidos hablen en presencia de sus carceleros, por así decirlo”, añadió Sánchez.

Lo que sí dijeron los suboficiales es que esperan reunirse con sus familiares, que obtengan una respuesta favorable en sus audiencias de cesación a la detención preventiva que se realizarán en la semana y que sus procesos por “sedición” continúen mientras ellos estén en libertad.

DDHH confirma mejoras en  las celdas

La comisión de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos nacional y departamental confirmó las mejoras realizadas en las celdas de los dos suboficiales, quienes guardan detención preventiva en la Primera Brigada Aérea de la ciudad de El Alto.
Después de recibir una misiva en la que se denuncia las condiciones “denigrantes y discriminatorias” en las que se encontraban los militares de bajo rango Freddy Sucojayo y Franklin Colque, ayer, tras una verificación, se comprobó que las autoridades militares hicieron cambios, como informó el lunes el director de Comunicación de la Fuerza Aérea Boliviana, Julio Rojas.
Los recintos fueron pintados, se instaló agua caliente en las duchas del baño que comparten y al parecer se habría eliminado el bidón de aceite Fino en el que orinaba Sucojayo.
“Las condiciones en las que se encuentran son aceptables, mejor incluso que muchos otros recintos penitenciarios, como es el caso de San Pedro”, subrayó el psicoterapeuta Andrés Gautier.

 

Sergio Mendoza  / El Alto

Fuente: https://goo.gl/zVaP65

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