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oct 01

La justicia convirtió a la tortura en un método de investigación

01 de octubre de 2017

En julio de 2014 lo torturaron entre militares y policías. Lo ahogaron, le rompieron las costillas y  le aplastaron los dedos de las manos. Le dijeron que habían violado a su esposa e hija y le obligaron a firmar documentos que él apenas veía con los ojos cerrados por los moretones.

El propósito era que Juan Bascopé se declarase culpable del asesinato de dos militares, un policía y un médico en el municipio de Apolo, en octubre de 2013, durante una operación de erradicación de coca. Similar suerte a la de Bascopé (que continúa encarcelado) tuvo Édgar Piluy, quien ya recobró su libertad.
Expertos  del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI) coinciden en que  el caso de Bascopé es emblemático; pero no único. En realidad sostienen que los operadores de justicia hicieron de la  tortura y la violencia un método de investigación. Lo aplica la Policía, pero tiene el apoyo de fiscales y jueces.
“Uno de los principales métodos de investigación que tiene la Policía es la tortura. En 2008 era aún más, ahora bajó la frecuencia de estos casos pero aún existe”, explica Marcelo Flores, médico forense del ITEI.
 Esta ONG que trabaja desde 2001 en Bolivia entiende la tortura según el concepto de Naciones Unidas: Infligir dolor o sufrimiento grave (físico o mental) para obtener de la víctima información, una confesión, castigarla por algo que hizo o intimidarla. Dichos abusos deben provenir de un funcionario público o contar con su consentimiento o aquiescencia.
 Desde hace 16 años que esta organización brinda servicios de atención médica y psicológica a las víctimas de la violencia estatal y  capacita a profesionales bolivianos en rehabilitación y psicotraumatología. Desde el inicio de sus actividades intervino en casos como Febrero Negro, la Guerra del Gas, la masacre de Porvenir, la humillación de campesinos el 24 de  mayo de 2008 en Sucre, el encarcelamiento de militares movilizados por la descolonización y otros.
Pero también recibió a decenas de víctimas de abusos policiales en procesos judiciales. Es así que el psicoterapeuta Andrés Gautier considera que de las más de 800 personas que atendieron por torturas y violencia estatal el 70% fue víctima de la Policía, el 15% de las Fuerzas Armadas y un 20% de otras instituciones.
Flores indica que hay al menos cuatro tipos de torturas: la física, la psicológica, la biológica (aislamiento, prohibición de ir al baño, prohibición del sueño, etcétera) y la sexual. “En 2008 la mayoría de las mujeres que vimos en la cárcel nos dijeron que las habían torturado en la FELCC”, añade.
“Ahí es donde torturan, en las celdas de la Policía”, completa la directora del ITEI, Emma Bravo. Estos abusos cometidos en muchos casos por los investigadores cuentan, según ella, con el consentimiento de los fiscales y también del juez, que cuando llegan a sus manos personas golpeadas ni se molestan en preguntar qué ocurrió, pues se entiende como algo natural que pasaron por las manos de los uniformados.
A partir de los casos atendidos, Flores indica que se detectó algunos métodos más usados por los policías, que van desde los insultos,  las amenazas y los golpes en partes sensibles hasta la asfixia con una bolsa nylon en la cabeza en donde insertan gas lacrimógeno, o el uso de aparatos de descargas eléctricas.
El director departamental de la FELCC, Jhonny Aguilera, considera que esas prácticas son parte del pasado que ya se dejaron de lado. “En la formación cuasi militar que tiene la Policía, por lo menos en mi época, era usual la agresión y el maltrato, yo me formé así. Pero niego completamente que esto continúe bajo mi gestión (en la fuerza anticrimen de La Paz), lo puedo jurar”.
La tortura para conseguir pruebas -según la autoridad- genera que ésta se anule en un juicio. No obstante, cree que es importante reflexionar y mantener presente que los actos violentos forman parte del pasado que debe ser desterrado.
Si bien la tortura se da por lo general en la detención, la violencia estatal no acaba allí, sostiene Gautier. En muchos casos se aplica contra el sindicado un “linchamiento mediático”, no se respeta la presunción de inocencia, se lo encierra en condiciones precarias, le  inician otros procesos penales, lo alejan del círculo familiar y se desestabiliza su situación económica y la de sus allegados. “Primero lo torturan y luego lo mantienen encerrado por años sin condena, puede que se trate de un inocente”.
Procesado por muertes en Apolo
Juan Bascopé Cari es procesado por los asesinatos ocurridos en Apolo en octubre de 2003, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realizó un operativo de erradicación de coca ilegal.
Lo detuvieron en julio de 2014 y pasó por una serie de torturas según evidenció el ITEI.
Amnistía Internacional y el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura se interesaron en su caso. Él sigue detenido sin condena.
Torturado en las celdas de El Alto
En julio de 2010 David Olorio, un delincuente que atracó un puesto de peaje de Vías Bolivia, fue torturado en dependencias de la FELCC de El Alto por un grupo de uniformados. En menos de 24 horas después de su aprehensión falleció.
 En un principio la Policía  intentó ocultar la verdadera causa del deceso, señalaron que fue muerte natural; pero al final se evidenció que Olorio pasó por graves sufrimientos antes de morir.
Sergio Mendoza
Source Página Siete: https://goo.gl/mU1YL7

may 17

ONU pide independencia en control de cárceles

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El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) sostuvo que es urgente que la entidad que monitorea los lugares de detención y actos de tortura en Bolivia sea independiente del Ejecutivo, para que así ejerza su trabajo conforme a las exigencias internacionales.

“Aunque reconocemos el trabajo del SEPRET (Servicio Para la Prevención de la Tortura), estamos preocupados porque su independencia se encuentra comprometida debido a su subordinación  al Ministerio de Justicia. La independencia funcional y administrativa es la disposición fundamental del tratado”, manifestó Emilio Ginés, miembro del SPT. 

Ginés se refería al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura,  que hace énfasis en la prevención para resguardar los derechos humanos.

El SEPRET se creó por ley en 2013 “como un mecanismo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.

Miembros del SPT estuvieron en Bolivia durante nueve días para visitar 23 centros de privación de libertad.  

Tras la visita se presentará un informe confidencial al Gobierno boliviano con las observaciones y recomendaciones. Ginés alentó al Ejecutivo a hacer público dicho informe. 

Por otro lado, instó a trabajar en la disminución de la detención preventiva que aún representa el 70% de la población carcelaria, lo cual tiene un impacto directo en el hacinamiento.  

“Hubo cambios en las estructuras políticas, institucionales y sociales, pero se necesita  más para traducir esos cambios a una realidad y fortalecer la prevención de la tortura”, dijo Ginés.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/nQBmK2

mar 29

ITEI asegura que se cometieron tratos crueles e inhumanos contra exfiscal Milton Mendoza

28 de marzo de 2017

Un informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI)   revela que tanto jueces y fiscales incurrieron en tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del exfiscal Milton Mendoza,  sindicado de ser parte de un consorcio  en el negociado de un amparo de COTEL.
En abril de 2016, la jueza Rosmery Pavón determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro para el exfiscal Milton Mendoza, acusado de negociar con jueces y fiscales un amparo en favor de la cooperativa. Posteriormente, en febrero de este año liberaron a la exautoridad con medidas sustitutivas.
Mendoza dijo que a lo largo del proceso se violentaron sus derechos constantemente desde el día de su aprehensión, por ello recurrió a organismos internacionales y nacionales para el esclarecimiento de estos hechos.
El informe del ITEI señala que “en el caso del doctor Milton Mendoza Miranda hemos dicho que ha sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Mendoza  junto al exvocal Fernando Ganam fue sindicado de ser parte de negociar con jueces y fiscales un amparo de COTEL, debido a que en un allanamiento realizado por el Ministerio Público en oficinas de Mendoza  se encontraron documentos judiciales que presuntamente vinculan a varios jueces, fiscales, abogados y al mismo presidente de COTEL, Fernando Guillén, en hechos de corrupción.
Fuente Página Siete: https://goo.gl/SPwfJ2

ene 10

Gobierno debe trabajar en “política carcelaria” y desestimar cadena perpetua

10 de Enero de 2017

El Gobierno debe priorizar la política carcelaria para que mejoren las condiciones de los centros penitenciarios en el país, en vez de proponer la cadena perpetua que en el fondo tiene fines de repostulación del actual presidente del país, afirmó el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo.

El primer día hábil de 2017, el presidente Evo Morales presentó al Legislativo cuatro proyectos de ley elaborados en torno a las conclusiones de la Cumbre de Justicia, con el fin de impulsar una reestructuración del sistema judicial.

Una de las propuestas es la incorporación de la pena de cadena perpetua en el Código Penal. Empero, para ello el presidente Morales anunció la realización de un referéndum.

SENSIBILIDAD

En ese marco, el senador de UD, Arturo Murillo, expuso que el Gobierno se aprovecha de la sensibilidad de la población boliviana y la usa de forma política para que se incorpore la cadena perpetua en el Código Penal, mediante reformas constitucionales que en el fondo tienen expresamente el intento de conceder la posibilidad de dar paso a las repostulaciones en el Órgano Ejecutivo.

“El Gobierno usa la sensibilidad de la población con la cadena perpetua, tema que tiene fines de repostular a Morales, más bien se debe trabajar en políticas criminales”, aseguró el parlamentario.

En criterio de Murillo, el planteamiento de su persona tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de construir nuevas cárceles, trabajando en una reestructuración total del sistema penitenciario. Eliminar, por ejemplo, casos actuales, como por ejemplo a que muchos reos viven con sus familias dentro de los recintos, hecho inusual en comparación con otros países.

“Las cárceles en el país requieren de un reordenamiento, entre ellos aplicar similar condena a una persona por estafa a ser un delincuente reincidente que llegue incluso a perjudicar a la gente”, aseguró.

PRESUPUESTO

Asimismo, el senador Murillo propuso incrementar el presupuesto para el sistema judicial, dinero que se usaría, por ejemplo, en la creación de ítems para jueces y fiscales, construir ambientes adecuados y transparentar el trabajo de los operadores de justicia.

“Definitivamente la independencia de la justicia debe consolidarse para que ésta recupere la credibilidad de la gente, en tanto que el Gobierno debe incrementar el presupuesto para que se generen mejoren condiciones de los litigantes y operadores de justicia”, afirmó.

DATOS

– Según el miembro del Instituto de Investigación Contra la Tortura (ITEI), Andrés Gautier, cerca del 50 por ciento de los detenidos preventivos es inocente o afronta condenas desproporcionadas a los delitos cometidos.

– La investigación ITEI está basada en ocho años de asistencia carcelaria, donde se estudió el tiempo que los presos están con detención preventiva, antes de que ingresar en una etapa de acusación.

– Gautier citó como ejemplo el caso de la muerte por presunta violación del bebé Alexander, donde la Policía detiene a 10 personas que son procesadas para, finalmente ser liberadas. “Pero esas 10 personas ya están marcadas, han perdido en parte sus trabajos y sus familias atraviesan una situación económica muy difícil”.

Arturo Murillo, Senador UD:

“Las cárceles en el país requieren de un reordenamiento, por ejemplo no puede tenerse a una persona que fue condenada por estafa con otra que cometió asesinato, porque el estafador aprende a ser un delincuente, además de estafar a la gente, siendo más experto para cometer ilícitos”.

Evo Morales, Presidente de Bolivia:

“Veremos en su momento cómo llamar a un referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y niñas, es algo imperdonable, para modificar la Constitución Política del Estado porque es una propuesta que emergió de la Cumbre de Justicia y se constituye en una demanda del pueblo”.

Fuente El Diario: https://goo.gl/4NW6hh

ene 09

Según experto Andrés Gautier: 50% de reos es inocente o tiene condenas desproporcionadas

09 de Enero de 2017

El director del Instituto de Investigación contra la Tortura (ITEI), Andrés Gautier, afirma que “la cárcel no es un lugar solo de delincuentes, también hay muchas víctimas”.

El miembro del Instituto de Investigación Contra la Tortura (ITEI), Andrés Gautier, sostuvo que tras realizar asistencias por más de ocho años en cárceles del país, puede afirmar que cerca del 50 por ciento de los detenidos preventivos es inocente o afronta condenas desproporcionadas a los delitos cometidos.

Gautier afirmó que el irrespeto a la presunción de inocencia de parte de las autoridades judiciales, que solo tienen la preocupación de mostrar resultados y efectividad a como de lugar, hace que muchas personas terminen en las cárceles.

“En las cárceles de Bolivia, (calculo) intuitivamente, que una mitad (de la población) es inocente o tiene penas desproporcionadas”, manifestó el psicólogo terapeuta, quien a la cabeza de ITEI trabaja en el país desde hace ocho años.

En ese sentido, destacó el “terrible daño” que causan las autoridades a las personas con las detenciones preventivas, donde al contrario de lo que dicta la legislación boliviana, prima el principio inquisidor de la presunción de culpabilidad, y donde por un delito investigado se detiene hasta a 10 personas que después las autoridades deben liberar al no encontrar evidencias incriminatorias.

El experto señala que “la cárcel no es un lugar de los delincuentes, hay seguro algunos, pero hay también muchas víctimas”. Opina que las autoridades causan más daño a las personas cuando las envía a las cárceles porque “en el imaginario existente en el mundo entero, la cárcel detiene a delincuentes, a culpables”, y esto daña la imagen y buen nombre de quienes resultan encarcelados.

Citó como ejemplo el caso de la muerte por presunta violación del bebé Alexander donde la Policía detiene a 10 personas que son procesadas para, finalmente, ser liberadas, “pero esas 10 personas ya están marcadas, han perdido en parte sus trabajos y sus familias atraviesan una situación económica muy difícil”.

“Uno se pregunta qué significa eso, es realmente para averiguar la verdad o para satisfacer una presión popular que está escandalizada y exige justicia, entonces para darle ilusión a la población que la Policía y la Justicia son eficaces se determina detener a 10 personas sin preocuparse lo que eso puede significar para la vida de esas personas”, reflexionó.

Remarcó que “hay también muchas víctimas de la corrupción, víctimas de la falta de rigurosidad de los investigadores, del sistema de investigación que es pésimo en Bolivia”.

Señaló que en estos casos, las autoridades tendrían que pagar daños y perjuicios de los afectados, “pero eso no ocurre porque la mayoría está ya aliviada de estar liberada y no tiene la fuerza ni la plata para exigir del Estado (un resarcimiento de daños)”.

“El Estado tendría que reconocer el error cometido por la justicia y hacer un pago por daños y perjuicios, pero eso no se cumple porque un juez o un fiscal nunca van a reconocer que metieron la pata, que se cometieron errores en la investigación, reconocer esos errores no son capaces de hacerlo”, apuntó. (ANF)

Fuente El Diario: https://goo.gl/72iu1j

sep 10

Recluso lleva nueve meses sin poder ir al médico

10 de septiembre de 2016

Caso Apolo

Juan Bascopé, reo en San Pedro y acusado por el caso Apolo, denunció que lleva más de nueve meses solicitando permiso a los jueces para recibir atención médica especializada, pero hasta ahora no obtiene respuesta.

“Los jueces rechazan mi petición cada vez y en los mismos juzgados se niegan, dicen que el juez no está, y mi situación es insostenible, siento fuertes dolores en la cabeza, el tórax y las manos, necesito atención especializada”, manifestó tras las rejas.

Bascopé fue detenido por la Policía el 17 de julio de 2014. En varias ocasiones dio los nombres de aquellos uniformados que lo torturaron. Las lesiones fueron corroboradas por el Instituto de Prevención contra la Tortura (ITEI).

El dirigente apicultor enfrenta cargos por los asesinatos de dos militares, un policía y un médico en octubre de 2013 en Apolo (La Paz), durante una incursión para erradicar coca ilegal. Bascopé es el único detenido por este caso, los demás fueron liberados.

La última vez que acudió al médico fue en noviembre de 2015 donde recibió tratamiento para sobrellevar las torturas a las que lo sometieron.

El apicultor sigue un proceso por tortura contra el Estado que “se ha entrabado por acción de la Fiscalía y la Policía que amenazó a mi testigo para que no declare”, dijo.

 

Amnistía Internacional ya dirigió una nota al fiscal general, Ramiro Guerrero, para saber qué acciones se tomaron ante la denuncia torturas de Bascopé.

Source: http://www.paginasiete.bo/

sep 08

Llegaron expertos en peritajes médicos y psicológicos a personas torturadas

08 de Septiembre de 2016

Dos expertos en el protocolo de Estambul llegaron a Bolivia para realizar peritajes médicos y psicológicos a personas que han sufrido tortura en los últimos años y constatar la situación de estos casos en el país.

Se trata de Ana Deutsch y Máximo Alberto Duque Piedrahíta, psicóloga y médico cirujano, respectivamente.

Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.

La visita de los especialistas ocurre dentro de las actividades conmemorativas por los 15 años de vida del ITEI (Instituto de Investigación contra la Tortura) y gracias a la colaboración del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) con sede en Dinamarca.

Ambos expertos también ofrecieron un seminario sobre la “Importancia del Protocolo de Estambul en la documentación de casos de tortura a nivel Médico y Psicológico”, que se realizará el miércoles 7 de septiembre (de 09.30 a 13.00) en el auditorio “Ernesto Che Guevara” de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.

PERFILES

Ana Deutsch, es psicóloga cofundadora del Programa para Víctimas de Tortura (PVT) en Los Ángeles y directora de su clínica desde su fundación. Cuenta con amplia experiencia en la atención a víctimas de tortura exiliadas en EEUU, así como en la presentación de testimonios en casos de asilo político.

Ha realizado peritajes psicológicos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Máximo Alberto Duque Piedrahíta es médico cirujano egresado del Instituto de Ciencias de la Salud CES de Medellín. Especialista en Medicina Forense de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Escuela Superior de Guerra. Perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. (ANF)

Fuente El Diario: https://goo.gl/Dtwpmm

may 01

Tortura y malos tratos, segunda vulneración de derechos más denunciada en Bolivia

01 de Mayo de 2016

La Defensoría del Pueblo señala en su informe anual que la tortura y los malos tratos conforman la segunda vulneración más denunciada en Bolivia, que tiene que ver con el derecho a la integridad personal.

“El segundo derecho más demandado se refiere a la integridad personal que en 2015 se registró en 2.165 oportunidades, lo que implica un 13% de las veces. Este derecho tiene que ver con los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas, humillantes o degradantes”, señala el informe de la Defensoría.

Durante la gestión 2015 la entidad recibió 16.601 casos en los que se denunciaba la vulneración de derechos. En algunos casos, una denuncia incluía más de un derecho, por lo que la cantidad es superior al número de denuncias recibidas, aclara.

En la gestión pasada se registraron 51 derechos afectados, según el clasificador aprobado por la Defensoría del Pueblo, que tiene como base la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El derecho más denunciado tiene que ver con las garantías del debido proceso y acceso a la justicia que reporta 2.827 casos (17% del total), y que involucra el derecho a la igualdad en el proceso, el acceso a la jurisdicción, a un tribunal imparcial, al plazo razonable, a la presunción de inocencia, a la defensa, al recurso, a la prohibición de declarar en contra de sí mismo, a la publicidad del proceso, al derecho de las víctimas, y a los bienes jurídicos protegidos en la acción de libertad.

El órgano judicial y la Policía fueron las instituciones más denunciadas en 2015.

Casos

El 5 de Junio de 2015, El Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura (ITEI) denunció que en el caso de la fuga del empresario peruano Martín Belaunde la Policía utilizó tortura sicológica para “quebrar” a los involucrados y obtener “confesiones”.

El 12 de Septiembre del mismo año, una mujer embarazada de Cochabamba denunció que fue víctima de robo y tortura por policías en una celda. Son algunos de los casos citados por el informe Defensorial.

Recomendaciones

no cumplidas

En 2013, el Comité contra la Tortura (CAT) recomendó al Estado Boliviano incorporar a la legislación penal una definición de tortura que abarcara todos los elementos que figuraban en el artículo 1 de la Convención. En 2014, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la Asamblea Legislativa aún no había modificado la definición de tortura en el Código Penal, que no era conforme a los estándares internacionales, tanto en lo que se refería a los elementos del delito como a su sanción.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que se había creado el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), que ejercería de mecanismo nacional de prevención; sin embargo, la Alta Comisionada expresó preocupación por que su independencia se viera afectada por su dependencia respecto del Ministerio de Justicia y porque no se hubieran definido su mandato y facultades por ley.

El CAT expresó su preocupación por las demoras en la instrucción y el examen de la causa penal en los casos de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza y muertes en detención policial.

Instó a Bolivia a investigar de manera pronta e imparcial todas las denuncias de tortura y malos tratos y a velar por que los actos de tortura no quedaran sujetos a ningún régimen de prescripción.

El CERD (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial) expresó su preocupación por la devolución arbitraria de refugiados. El CAT instó a Bolivia a garantizar que ninguna persona pudiera ser expulsada cuando existieran razones fundadas para creer que correría el riesgo de ser sometida a tortura, y a velar por que la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) hiciera cumplir el principio de no devolución.

Impunidad

Un factor importante en este tema tiene que ver con la impunidad evidenciada en la gran mayoría de los casos de muertes, torturas y malos tratos, señala la Defensoría, que han sido denunciados recientemente.

Fuente El Diario: https://goo.gl/3etzdw

mar 27

Denuncian que fiscal interfiere en avance sobre tortura en caso Apolo

BOLIVIA, 27 de Marzo de 2016

(ANF).- El fiscal de la división de delitos contra las personas, Franz Contreras, tiene una actuación deficiente y obstruye las investigaciones para dar con los responsables de los “gravísimos hechos de tortura” contra Juan Bascopé Cari, referidos al caso Apolo, denunció el abogado defensor Fernando Zambrana.

El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) señaló en un anterior informe que en Bolivia hay toda una estructura que busca “invisibilizar la tortura” y esto se evidenció claramente con el caso de Juan Bascopé. “Nos extrañó mucho que desde el primer memorial se hayan traspapelado y extraviado nuestros escritos, teniendo que reiterar los mismos al punto de tener que formular una queja formal por la falta de consideración y de efectiva tramitación de nuestros memoriales”, lamentó el jurista. ANF buscó la versión del fiscal pero la autoridad no se encontraba en su oficina.

Fuente El Diario: https://goo.gl/zhKG1V

mar 26

Denuncian que un fiscal interfiere en el avance de la investigación sobre tortura en el caso Apolo

sábado, 26 de marzo de 2016

El Instituto contra la Tortura (ITEI) señaló en un anterior informe que en Bolivia hay una estructura que busca ‘invisibilizar la tortura’ y esto se evidenció con el caso de Juan Bascopé.

El fiscal de la división de delitos contra las personas, Franz Contreras, tiene una actuación deficiente y obstruye las investigaciones para dar con los responsables de los “gravísimos hechos de tortura” contra Juan Bascopé Cari, referidos al caso Apolo, denunció el abogado defensor Fernando Zambrana.

“Nos extrañó mucho que desde el primer memorial se hayan traspapelado y extraviado nuestros escritos, teniendo que reiterar los mismos al punto de tener que formular una queja formal por la falta de consideración y de efectiva tramitación de nuestros memoriales”, lamentó el jurista.

ANF buscó la versión del fiscal pero la autoridad no se encontraba en su oficina. Bascopé luego de ser detenido por la Policía el 17 de julio de 2014, fue sometido durante tres días a tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes por personal policial y militar con la anuencia de autoridades policiales, militares, del Ministerio de Gobierno y de la fiscalía, de quienes dio sus nombres.

El suplicio inició en las oficinas del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) ubicado en la zona de Obrajes de La Paz, según la denuncia. El dirigente apicultor se encuentra actualmente interno en la cárcel de San Pedro de La Paz, enfrentando cargos por el supuesto delito de asesinato ocurrido en octubre de 2013 en la localidad de Apolo.

Ante la gravedad de las torturas, Guadalupe Marengo, Directora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional, se dirigió al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, para pedir información sobre “qué pasos se están tomando para avanzar en la investigación de los gravísimos hechos de tortura y malos tratos denunciados por el Sr. Bascopé el 2 de junio y para que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia”.

Fuente Página Siete: https://goo.gl/cC8PMA

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