Archivo Mensual: octubre de 2017

oct 25

Conferencia de Derecho Penal Internacional

Te esperamos este viernes a las 19.00 horas en el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés.
Se darán certificados de asistencia en formato digital.

Expositor: Dr. Alfonso M. Dorado, abogado habilitado ante la Corte Penal Internacional (CIP) de la Haya.Editado

oct 24

Globalización económica y flujos migratorios femeninos del sur al norte. Latinoamericanas “ilegalizadas en Suiza”

GLOBALIZACION ECONOMICA Y FLUJOS MIGRATORIOS FEMENINOS DEL SUR AL NORTE Latinoamericanas “ilegalizadas en Suiza”

En las últimas décadas, los flujos migratorios mundiales han crecido enormemente con una feminización que ha tomado proporciones importantes.

Estos flujos migratorios son esencialmente “ilegalizados” en los países receptores. Aunque la migración femenina no es reciente, sus configuraciones y visibilidad social son hoy reveladoras de las relaciones económicas y las relaciones de género Norte-Sur.

En este trabajo se abordarán los flujos migratorios femeninos en este contexto.

Un aspecto importante será la vinculación de la mano de obra femenina restante en los países del Sur con la demanda de esta mano de obra en los países del Norte.

Sobre la base de entrevistas con mujeres latinoamericanas “Ilegalizadas” en Suiza, se identificarán las razones de la inmigración y se identificaran los diferentes aspectos de la  vida de estas migrantes en Suiza.

 

oct 04

“La situación de la tortura en el mundo está empeorando”

04 de octubre de 2017

El presidente del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, Jorge Aroche denuncia su expansión en un curso sobre salud mental, desplazamientos forzados y minorías étnicas

Para miles de personas refugiadas en Europa, la ciudad serbia de Novi Sad es la última parada antes de llegar al tapón húngarootra frontera de la Unión Europea que permanece militarizada desde que hace dos años comenzara la crisis de los refugiados. Para la población serbia, sin embargo, es la memoria viva de los últimos bombardeos de la OTAN contra el régimen de Slobodan Milosevic, como atestiguan los puentes ya reconstruidos que, 18 años después, vuelven a acariciar el Danubio.

En este escenario de violencia pasada y presente se celebró la semana pasada una conferencia sobre salud mental, desplazamientos forzados y minorías étnicas. En ella participó Jorge Aroche, presidente del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT),un movimiento de profesionales sanitarios de 170 centros sanitarios en 74 países que atiende a cerca de 100.000 personas al año, según sus propios registros. Este psicólogo clínico australiano, que migró con su familia procedente de Uruguay a los 14 años, es también director del STARRTS, un servicio para la rehabilitación de los superivientes de la tortura en Sídney (Australia).

“La situación de la tortura en el mundo está empeorando”, advierte Aroche en una pausa del encuentro de expertos organizado por la Sociedad Internacional de Salud y Derechos Humanos (ISHHR) en Novi Sad. En su opinión, países que habían registrado mejoras en los últimos años han retrocedido de nuevo. “Es el caso de Turquía, Egipto o México, entre otros”, detalla.

Aroche entiende que en este declive participa “un discurso populista muy nacionalista, donde se usa el miedo para conseguir apoyo popular”, y cree que discursos como el de Donald Trump no ayudan. El presidente estadounidense sorprendió al mundo en enero justificando la utilidad de esta práctica prohibida. “Lamentablemente no es el único”, reflexiona el experto. “Muchos de los gobiernos que tenían un plan para abolir la tortura han cambiado sus preocupaciones y ahora las orientan a cuestiones internas, como el control de las fronteras”, añade.

Discursos como el de Donald Trump “no ayudan” a combatir la práctica de la tortura

Y todo, a pesar de que hay numerosos informes (como el de la senadora Diane Feinstein, emitido en diciembre de 2012 y desclasificado en diciembre de 2014 sobre el Programa de detención e interrogatorios del Comité de inteligencia de EEUU) sobre la nula utilidad de esta práctica, más allá de consideraciones legales o morales. El documento de Feinstein señala que incluso antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 “la CIA conocía por su propia experiencia que los interrogatorios coercitivos no producen inteligencia, sino falsas respuestas”.

Entonces, ¿por qué se sigue ejerciendo la tortura? “Es una herramienta de control social”, responde Aroche. La ejercen los gobiernos, señala, pero también otros actores como el crimen organizado o determinados movimientos que se disputan el poder. “Se busca ejercer el control a través del terror, del sentimiento de destrucción de humanidad que produce la tortura. Es una forma de amedrentar a la población”, asegura. La opinión del presidente del IRCT coincide con las conclusiones del Relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, quien ya en 2016  advertía de que tras 30 años en el cargo había visto cómo se iba incrementando “la tolerancia a la violencia política y la tortura en nombre de la seguridad nacional”.

¿Qué hacer ante la dimensión global de semejante problema y con los cientos de miles de víctimas que deja anualmente? Aroche apunta que uno de los retos del tratamiento sociosanitario a las víctimas es no distanciarse de la denuncia pública de la tortura. “El movimiento rehabilitador no se puede separar de la prevención. Nos gustaría vivir en mundo donde nuestros servicios no se necesiten, pero es bastante utópico por el momento y hay mucha menos divulgación sobre qué es lo que pasa con las víctimas, sobre cómo se rehacen las vidas de los supervivientes”, explica en referencia a las necesidades de rehabilitación, reconocidas por el Derecho Internacional.

“La gente de a pie, al final, siempre condena estos abusos”

“La rehabilitación es una tarea donde se necesitan servicios especializados. Lamentablemente no se conoce demasiado esta labor y eso hace que no sean ofrecidos a la mayoría de las víctimas”, argumenta. La última asamblea general del organismo que preside, en diciembre de 2016, hizo un llamamiento a los Estados para que cumplan “con el derecho a la rehabilitación” y urgió a facilitar fondos necesarios para satisfacer ese derecho.

Pero el experto australiano no solo se pide apoyo a los gobiernos. Sino también respeto a las labores humanitarias y a la integridad de los miembros de la entidad. Cerca de dos de cada tres supervivientes de la tortura son atendidos en los mismos países donde la sufrieron. Eso, denuncia Aroche, hace que muchos trabajadores hayan sido “atacados por el Estado o detenidos con diferentes excusas, pero la razón es que están trabajando con personas que han sido torturadas por gobierno de aquel país”.

El IRCT promueve la utilización en sus centros del Protocolo de Estambul, una herramienta pericial creada por Naciones Unidas para la documentación exhaustiva de las personas supervivientes de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. De esta forma las consecuencias sanitarias y legales derivadas de los abusos quedan registradas, para incomodidad de quienes los han perpetrado.

Ante la reciente llegada de refugiados a Europa, Aroche recuerda que cuando se habla de dos millones de refugiados “tenemos que entender que una importante proporción es gente que ha sido torturada o traumatizada”, razona. “Van a requerir tener servicios especializados de rehabilitación para recobrar control sobre sus vidas y poder insertarse en la sociedad de acogida y contribuir a ella en lo humano, lo social y también en lo económico”. Su centro en Australia ha pasado en 20 años de una docena de trabajadores a más de 200, y se ha convertido en un referente internacional en la investigación, desarrollo y divulgación de técnicas innovadoras para la rehabilitación del trauma psíquico.

Léalo completo: https://goo.gl/T5jpfD

Fuente: JAVIER GARCÍA PEDRAZ

oct 01

La justicia convirtió a la tortura en un método de investigación

01 de octubre de 2017

En julio de 2014 lo torturaron entre militares y policías. Lo ahogaron, le rompieron las costillas y  le aplastaron los dedos de las manos. Le dijeron que habían violado a su esposa e hija y le obligaron a firmar documentos que él apenas veía con los ojos cerrados por los moretones.

El propósito era que Juan Bascopé se declarase culpable del asesinato de dos militares, un policía y un médico en el municipio de Apolo, en octubre de 2013, durante una operación de erradicación de coca. Similar suerte a la de Bascopé (que continúa encarcelado) tuvo Édgar Piluy, quien ya recobró su libertad.
Expertos  del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI) coinciden en que  el caso de Bascopé es emblemático; pero no único. En realidad sostienen que los operadores de justicia hicieron de la  tortura y la violencia un método de investigación. Lo aplica la Policía, pero tiene el apoyo de fiscales y jueces.
“Uno de los principales métodos de investigación que tiene la Policía es la tortura. En 2008 era aún más, ahora bajó la frecuencia de estos casos pero aún existe”, explica Marcelo Flores, médico forense del ITEI.
 Esta ONG que trabaja desde 2001 en Bolivia entiende la tortura según el concepto de Naciones Unidas: Infligir dolor o sufrimiento grave (físico o mental) para obtener de la víctima información, una confesión, castigarla por algo que hizo o intimidarla. Dichos abusos deben provenir de un funcionario público o contar con su consentimiento o aquiescencia.
 Desde hace 16 años que esta organización brinda servicios de atención médica y psicológica a las víctimas de la violencia estatal y  capacita a profesionales bolivianos en rehabilitación y psicotraumatología. Desde el inicio de sus actividades intervino en casos como Febrero Negro, la Guerra del Gas, la masacre de Porvenir, la humillación de campesinos el 24 de  mayo de 2008 en Sucre, el encarcelamiento de militares movilizados por la descolonización y otros.
Pero también recibió a decenas de víctimas de abusos policiales en procesos judiciales. Es así que el psicoterapeuta Andrés Gautier considera que de las más de 800 personas que atendieron por torturas y violencia estatal el 70% fue víctima de la Policía, el 15% de las Fuerzas Armadas y un 20% de otras instituciones.
Flores indica que hay al menos cuatro tipos de torturas: la física, la psicológica, la biológica (aislamiento, prohibición de ir al baño, prohibición del sueño, etcétera) y la sexual. “En 2008 la mayoría de las mujeres que vimos en la cárcel nos dijeron que las habían torturado en la FELCC”, añade.
“Ahí es donde torturan, en las celdas de la Policía”, completa la directora del ITEI, Emma Bravo. Estos abusos cometidos en muchos casos por los investigadores cuentan, según ella, con el consentimiento de los fiscales y también del juez, que cuando llegan a sus manos personas golpeadas ni se molestan en preguntar qué ocurrió, pues se entiende como algo natural que pasaron por las manos de los uniformados.
A partir de los casos atendidos, Flores indica que se detectó algunos métodos más usados por los policías, que van desde los insultos,  las amenazas y los golpes en partes sensibles hasta la asfixia con una bolsa nylon en la cabeza en donde insertan gas lacrimógeno, o el uso de aparatos de descargas eléctricas.
El director departamental de la FELCC, Jhonny Aguilera, considera que esas prácticas son parte del pasado que ya se dejaron de lado. “En la formación cuasi militar que tiene la Policía, por lo menos en mi época, era usual la agresión y el maltrato, yo me formé así. Pero niego completamente que esto continúe bajo mi gestión (en la fuerza anticrimen de La Paz), lo puedo jurar”.
La tortura para conseguir pruebas -según la autoridad- genera que ésta se anule en un juicio. No obstante, cree que es importante reflexionar y mantener presente que los actos violentos forman parte del pasado que debe ser desterrado.
Si bien la tortura se da por lo general en la detención, la violencia estatal no acaba allí, sostiene Gautier. En muchos casos se aplica contra el sindicado un “linchamiento mediático”, no se respeta la presunción de inocencia, se lo encierra en condiciones precarias, le  inician otros procesos penales, lo alejan del círculo familiar y se desestabiliza su situación económica y la de sus allegados. “Primero lo torturan y luego lo mantienen encerrado por años sin condena, puede que se trate de un inocente”.
Procesado por muertes en Apolo
Juan Bascopé Cari es procesado por los asesinatos ocurridos en Apolo en octubre de 2003, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realizó un operativo de erradicación de coca ilegal.
Lo detuvieron en julio de 2014 y pasó por una serie de torturas según evidenció el ITEI.
Amnistía Internacional y el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura se interesaron en su caso. Él sigue detenido sin condena.
Torturado en las celdas de El Alto
En julio de 2010 David Olorio, un delincuente que atracó un puesto de peaje de Vías Bolivia, fue torturado en dependencias de la FELCC de El Alto por un grupo de uniformados. En menos de 24 horas después de su aprehensión falleció.
 En un principio la Policía  intentó ocultar la verdadera causa del deceso, señalaron que fue muerte natural; pero al final se evidenció que Olorio pasó por graves sufrimientos antes de morir.
Sergio Mendoza
Source Página Siete: https://goo.gl/mU1YL7